La Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra del PAN, que se requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los nombres de los grandes contribuyentes que no pagan impuestos y a cuáles se les regresan gravámenes devengados.
El PRI respaldó la petición del PT y se acordó que sea la comisión especial de Regímenes Especiales, que preside el priista Sebastián Lerdo de Tejada, la que requiera de manera formal los datos a la SHCP.
El punto de acuerdo fue elaborado luego que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció –en un documento que envió al diputado del PT, Mario Di Costanzo, poco antes de la medianoche del miércoles-- que existen 400 grupos empresariales que se ven beneficiados por el actual régimen fiscal.
Un ejemplo de ello es que estas empresas tuvieron ingresos por 4.96 billones de pesos en 2008 y sólo debieron pagar 85 mil millones de pesos en impuestos.
Entre la información que de manera formal deberá entregar Hacienda, se encuentran los nombres de las empresas que se benefician de la exención fiscal.
Además, que la dependencia que encabeza Agustín Carstens responda que si esas grandes empresas pagaran sus deudas fiscales, se podría omitir el aumento de impuestos, de la gasolina, diesel y electricidad, como se plantea en la Ley de Ingresos 2010.
También deberá responder qué mecanismos legales requiere Hacienda para cobrar esos impuestos; cuáles son los nombres de las empresas que en 2005 se vieron beneficiadas con la devolución de impuestos por parte del SAT; cuál es el banco que tiene créditos fiscales por 25 mil millones de pesos; cuál es la institución financiera a la que el gobierno federal le devolvió 2 mil millones de pesos en impuestos; cuáles son las dos cadenas televisivas que tenían créditos por mil 500 millones de pesos, y por último cuáles periódicos debían al erario unos 2 mil 675 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda también deberá informar cuáles son los nombres o razones sociales de la lista de las cien principales empresas o bancos que, del año pasado a la fecha, han sido beneficiados con la devolución de impuestos y con créditos fiscales.
Asimismo, detalle si la reducción de salarios y prestaciones de altos funcionarios del gobierno federal significarían un ahorro de 95 mil millones de pesos.
Informe si se han creado o no 54 mil puestos de alto nivel en el gobierno federal, y si éstos implican un gasto de 125 mil millones de pesos; además, detalle si esta cifra es lo que se destina a salud pública, o si es casi el doble de lo que se destina en presupuesto a las universidades públicas.
También debe aclarar si la supresión de las pensiones de los expresidentes, así como la desaparición de la atención médica privada, caja de ahorro especial y bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios, representarían un ahorro de 30 mil millones de pesos.
Todas estas preguntas ya han sido formuladas por los diputados del Partido del Trabajo durante las comparecencias de Carstens Carstens ante el pleno --y del subsecretario de Ingresos de la SHCP, José Antonio Meade, ante comisiones--; sin embargo, los funcionarios han optado por el silencio.
El PT detalló que esa información se requiere antes que la Cámara apruebe el paquete económico 2010.
Luego el Revolucionario Institucional respaldó totalmente la propuesta y ésta fue aprobada por el pleno, por lo que Hacienda esta obligada por ley a proporcionar toda esa información.
El PAN, quien votó en contra, preguntó desde tribuna, en voz de Pablo Rodríguez Regordaza, "¿qué sentido tiene que vengamos aquí a proponer al pleno que se discuta que nos pasen una serie de datos cuando apenas, hace un par de semanas, aprobamos crear una comisión especial de gastos fiscales?".
Entonces los panistas pidieron que se votara en contra el punto de acuerdo, "y no por la materia, sino porque es materia de la Comisión de Hacienda --que preside precisamente el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, y quien por cierto no ha formalizado el requerimiento a Hacienda, a pesar que el PT lo demandó desde la semana pasada-- la revisión exhaustiva de lo que se está comentando que se revise".
Existe un riesgo, advirtieron los panistas, de que la información sea mal utilizada; incluso, acusaron a los petistas de subir a tribuna y demandar este punto de acuerdo con la intención de generar "un poquito de estridencia".
"Si ya está creada la Comisión de Hacienda y la de Régimen Especial, ¿qué sentido tiene buscar la foto, qué sentido tiene buscar el micrófono para preguntar lo que allá mismo se está preguntando?", inquirió el diputado panista Pablo Rodríguez.
Los panistas, quienes ya sabían que el PRI respaldaría el requerimiento a Hacienda, instruyeron al diputado Gastón Luken para fijar un posicionamiento. Este sostuvo que su partido está en total acuerdo con la transparencia, pero que pedía que la información solicitada tuviera un uso responsable.
"Invitamos a que cuando se obtenga la información por los conductos, por los cauces que se requieren, a través del trabajo en comisiones o cualquier instancia que sea necesaria, hagamos un uso responsable de esa información", aconsejó Luken, y añadió:
"Que se use de manera adecuada y no para el escándalo, pero sí para la toma de decisiones responsables", admitió.
Pero los panistas no pararon ahí, pues además de manifestarse en contra de la demanda de información, se pusieron a defender a las grandes empresas que utilizan el régimen de consolidación fiscal para no pagar todos los impuestos que obliga la ley.
"En el caso de aquellas empresas, de ser cierto que efectivamente no pagan los impuestos que uno quisiera, o que unos quisieran que pagaran, no debemos satanizarlas; sólo están usando los instrumentos legales que tienen a su disposición para hacer esos pagos".
Y propuso que "en todo caso, acordemos que los instrumentos cambien para que los ejercicios y el uso de los ingresos fiscales sean más adecuados y sean en beneficio de todos".
El panista cerró su intervención exhortando a que la información se solicite por los "cauces y comisiones adecuados", es decir, las que ya existen.
Finalmente el PRI respaldó la decisión del PT y la Secretaría de Hacienda deberá facilitar la información que en comisiones se ha negado a entregar.