Foto: Público
Represión. Esa es la definición correcta de la acción de fuerza pública ordenada en el gobierno de Emilio González Márquez en contra de los opositores al Macrobús el sábado pasado.No fue un “enfrentamiento” como se ha dicho en algunos medios, y como han tratado de justificar las autoridades estatales. Enfrentamiento es cuando dos grupos o dos fuerzas se confrontan cara a cara.
¿Qué enfrentamiento va a existir entre un grupo de manifestantes donde participaban por igual adultos, niños y ancianos, de un lado, y del otro cientos de policías armados y entrenados para usar la fuerza?
Fue una acción represiva pensada y planeada, como lo revelan los siguientes hechos:
1) que se mandó a un inusitado número de policías estatales para vigilar y hostigar a los manifestantes;
2) la exagerada tarea de fotografiar y filmar a quienes protestaban;
3) que se fue conduciendo a los manifestantes hacia un punto (Juárez y Molina) donde se preparó la celada;
4) la rápida operación para detener a personas, ya decidido de antemano y no en flagrancia por delitos que eventualmente hubieran cometido ahí.
El pretexto para lanzar esta acción represiva es que los manifestantes violaron los derechos de libre tránsito de las personas, en concreto de los pasajeros del Macrobús, y el argumento de que hubo resistencia de algunos participantes a la autoridad. Sobre lo primero, ya se ha señalado la hipocresía del gobierno de Emilio González que toleró que un grupo de panistas de su grupo político permaneciera durante 45 días bloqueando u obstruyendo el tránsito por la calle Vidrio.
Si alguien viola el libre tránsito de las personas en esta ciudad son los eventos de gobierno y partidistas (desfiles, mítines, visitas de gobernantes) y las actividades de culto público llevadas a cabo por las distintas iglesias. Y sobre el argumento de que hubo agresión a policías, bastaría ver las fotos y videos de la marcha para concluir que unas pancartas o empujones de las personas que protestaban no pueden considerarse una agresión a la autoridad.
Si la explicación oficial no se sostiene, hay que buscar otra. Lo que ocurrió el sábado no es el uso “legítimo” de la fuerza pública en contra de un grupo de manifestantes que se salen de control y agraden a la autoridad, sino la aplicación de una estrategia represiva que pretendió intimidar, asustar e infundir miedo a quienes se han opuesto a la construcción del Macrobús.
Es la misma estrategia de todos los gobiernos represivos, tal como antes la usó Francisco Ramírez Acuña a lo largo de su sexenio y en particular en mayo de 2004. Con una diferencia: al menos Ramírez Acuña dio la cara por acción represiva, lo que no ocurrió ahora con Emilio González. Dado que quienes se han movilizado en contra del Macrobús al parecer han ganado la batalla de la opinión pública (al grado de poner en riesgo la continuidad de este proyecto), pareciera que, harto de estas movilizaciones, el gobierno de Emilio González pretendió dar un escarmiento y un hasta aquí a este grupo opositor.
Pero en este hecho represivo hay un agravante: parece motivado por un cobarde deseo de venganza dado que consideran que las movilizaciones en contra del Macrobús fueron un factor importante para que el PAN perdiera las elecciones el pasado 5 de julio. Más allá de este caso particular, la represión del sábado representa un giro en la política del gobierno de Emilio González hacia los movimientos y protestas sociales, como parece confirmarlo el trato hacia la manifestación de normalistas de varios estados el pasado lunes.
El fondo de este giro es que varios proyectos de obra e inversión empujados por el gobierno (Arcediano, Villa Panamericana, Macrobús, El Zapotillo) se han retrasado por las resistencias y movilizaciones de los grupos afectados. Y en lugar de tratar de convencer a las poblaciones afectadas, el gobierno de Emilio González ha decidido usar el palo, la amenaza y la represión para sacar estos proyectos que implican cuantiosas ganancias privadas, a la fuerza. Pero el éxito del giro represivo de Emilio González depende de la respuesta que den los grupos y movimientos sociales.
No parece que, por ejemplo, los opositores al Macrobús se hayan intimidado como pretendía el gobierno estatal. A menos que el actual grupo gobernante piense que sacará sus proyectos a macanazos y pasando la maquinaria por encima de las personas afectadas por estos proyectos.