El diputado federal del PT, Jaime Cárdenas, presentó este miércoles en tribuna su propuesta de Reglamento que ordena el rediseño y la profesionalización y que establece las bases en materia de austeridad a fin de reducir las dietas en 25 por ciento, desaparecer gastos médicos y seguros de vida, derogar apoyos por gestión legislativa, y regular el uso de boletos de avión.
Cárdenas aseguró que sólo terminando con algunos excesos en el legislativo, se podrá lograr una buena imagen de los legisladores ante la sociedad.
En la iniciativa propone también regular los salarios de los administrativos en San Lázaro.
Se publicó el pasado viernes 18 de septiembre la lista de funcionarios de la administración pública que obtendrán los más altos salarios, incluso por arriba de las percepciones del presidente.
En esa lista se encuentra el secretario general de la Cámara de Diputados.
Cárdenas refirió que hay que regular los aspectos administrativos, reducir la burocracia que desde hace muchos años sostiene a más de 3 mil empleados entre sindicalizados y de confianza, más los eventuales que llegan y se van con las legislaturas y que ha sido tema de análisis del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En referencia al fraude que cometieron los diputados federales de la pasada legislatura por la manipulación de boletos de avión -que obtienen como prestación a quienes viven a más de 300 kilómetros, o a quienes deben viajan en comisiones oficiales dentro y fuera del país- por dinero en efectivo, dio pie a Cárdenas para que en su iniciativa proponga que se pagarán los pasajes aéreos hasta que éstos hayan sido utilizados.
De entrada, la iniciativa que se enviará a la comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias cuando ésta se integre, pretende dos auditorías a la operación legislativas, una interna a cargo de la secretaría general, y otra externa a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta última también deberá proponer los cambios requeridos.
Cárdenas junto con algunos legisladores del PT y PRD fueron los primeros en renunciar al seguro médico y de vida que la Cámara baja les da como prestación, y que cuesta entre 30 y 50 millones de pesos del erario.