En un comunicado, la organización lamentó que “después de 3 años de investigación, la FEVIMTRA se haya mostrado incapaz de ejercer acción penal contra los responsables y haya regresado el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma entidad que se ha negado a proceder contra los responsables durante todo este tiempo”.
En el documento, AI sostiene que la PGR “ha sido un actor decisivo en mantener la impunidad en este caso” al no investigar y sancionar la participación de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas en el operativo de mayo de 2006.
Añadió que al parecer, la PGR ha evitado que la FEVIMTRA ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas y abusadas. “Otra vez, el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta situación ha llevado a las sobrevivientes de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, estableció.
Por ello, dice, Amnistía Internacional insta a las autoridades del Estado de México a aprovechar la documentación de tortura sexual confirmada por la FEVIMTRA para proceder, sin demora, contra los responsables.
También urgió a Arturo Chávez, nuevo procurador general de la República, a demostrar su compromiso con los derechos humanos investigando “de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales” implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Calificó la decisión de la FEVIMTRA como un “gran retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas”.
“La Procuraduría General de la República ha perdido nuevamente la oportunidad de mostrar su compromiso para terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México”, sostuvo.
“La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño”, puntualizó.