Oaxaca, Oax., 12 de abril. Anoche en Pinotepa Nacional –municipio colindante con Guerrero–, desconocidos balearon la casa de Otoniel López Leyva, hermano de la lideresa perredista asesinada el lunes 6 en San Pedro Jicayán, Oaxaca.
En medio del ataque, el hermano de Beatriz López Leyva y demás ocupantes de la vivienda se arrojaron al piso y se parapetaron tras muebles y paredes, informó el senador del PRD Salomón Jara Cruz, con quien colaboró la extinta representante del gobierno legítimo
de Andrés Manuel López Obrador en la Costa oaxaqueña.
El legislador informó que los pistoleros llegaron cerca de las 20:30 horas de anoche a la casa de Otoniel en calle 11 Poniente, colonia Reforma. Huyeron aprisa tras consumar el ataque, y en una pared y una ventana se evidenciaron orificios de bala.
Jara Cruz atribuyó el nuevo atentado al presidente municipal de San Pedro Jicayán, el priísta Leonardo Silva Palacios, ya señalado por la familia López Leyva como responsable intelectual del asesinato de Beatriz, a quien amenazó por encabezar protestas en su contra, imputarle desvíos de recursos y obstruir la construcción de una gasolinera en tierras ejidales.
El alcalde quiere amedrentar a la familia porque le imputa el homicidio e incita la condena generalizada de partidos políticos, personalidades y organizaciones civiles
, dijo el senador; exigió que la Procuraduría de Justicia estatal también investigue la agresión a Otoniel López Leyva, profesor afiliado a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En San Pedro Jicayán hay una tensión y miedo terribles por el asesinato y las constantes amenazas del presidente municipal a sus opositores. No es posible tanta impunidad
, lamentó.
El también senador Gabino Cué Monteagudo anunció a su vez que presentará un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al pronto esclarecimiento de los hechos y castigar los atentados contra la familia López Leyva.
Existen razones para que intervenga el Poder Legislativo, pues a pesar de los agravios cometidos durante el conflicto político-social de 2006 y meses posteriores, que incluso generaron una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el momento no se definen responsables ni se castiga la violación de garantías al pueblo oaxaqueño
, afirmó.