Diputados de PRD, Convergencia y PRI denunciaron que tan sólo en el primer trimestre del año Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó 29 contratos por 60 mil millones de pesos y otros tres por 39 mil 71.2 millones de pesos a empresas trasnacionales, lo cual está prohibido en la nueva ley de la paraestatal.
José Manuel del Río, diputado de Convergencia, refirió que estos tres contratos son a las trasnacionales DMGP Servicios por 19 mil 349.2 millones de pesos; a Dowell Schullemberg para la perforación y terminación de pozos en Chicontepec por 10 mil 78.3 millones de pesos; y a Weatherford de México por 9 mil 643.7 millones de pesos.
Ayer, y luego de que la víspera el PAN se negó a votar el dictamen, el PRD y PRI aprobaron en comisiones de la Comisión Permanente citar a comparecer a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para que expliquen el retraso en la integración del consejo de administración de la paraestatal y por qué se han firmado 29 contratos de obra pública con empresas privadas.
No existe ley ni reglamento que avalen el comportamiento irregular de Kessel y Reyes Heroles (al entregar estos contratos), por lo que la única explicación a tan arbitrario proceder es la satisfacción de intereses personales, afirmó Del Río.
Asimismo, el PRI propuso que la Junta de Coordinación Política del Senado considere integrar un grupo de trabajo, constituido por legisladores de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, para dar seguimiento a la aplicación de la reforma a Pemex.
También, en tribuna, el senador priísta Carlos Lozano planteó que ese grupo pueda citar a comparecer a funcionarios de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y de la Función Pública, así como de Pemex para que informen del cumplimiento de la reforma para modernizar a la petrolera.
Resaltó que el gobierno de Felipe Calderón no ha instalado los mecanismos que previó el Congreso para que la autonomía de la empresa asegure transparencia, legalidad y rendición de cuentas; y las omisiones y retrasos han provocado una situación en la que los directivos de Pemex actúan con un enorme margen de discrecionalidad, totalmente contrario al espíritu de la ley.
Esto ha permitido, dijo, que Pemex haya hecho asignaciones directas de proyectos de inversión o contratos de arrendamientos que no pasan por el tamiz de los respectivos comités, porque no se han instalado.
Lozano refirió que, por ejemplo, no se ha cumplido con la obligación de establecer un mínimo de 25 por ciento de contenido nacional en las licitaciones y se continúa la práctica de asignar contratos a empresas extranjeras sin solicitarles dicho contenido, como ocurre en el caso de Chicontepec, Veracruz.
José Manuel del Río, diputado de Convergencia, refirió que estos tres contratos son a las trasnacionales DMGP Servicios por 19 mil 349.2 millones de pesos; a Dowell Schullemberg para la perforación y terminación de pozos en Chicontepec por 10 mil 78.3 millones de pesos; y a Weatherford de México por 9 mil 643.7 millones de pesos.
Ayer, y luego de que la víspera el PAN se negó a votar el dictamen, el PRD y PRI aprobaron en comisiones de la Comisión Permanente citar a comparecer a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para que expliquen el retraso en la integración del consejo de administración de la paraestatal y por qué se han firmado 29 contratos de obra pública con empresas privadas.
No existe ley ni reglamento que avalen el comportamiento irregular de Kessel y Reyes Heroles (al entregar estos contratos), por lo que la única explicación a tan arbitrario proceder es la satisfacción de intereses personales, afirmó Del Río.
Asimismo, el PRI propuso que la Junta de Coordinación Política del Senado considere integrar un grupo de trabajo, constituido por legisladores de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, para dar seguimiento a la aplicación de la reforma a Pemex.
También, en tribuna, el senador priísta Carlos Lozano planteó que ese grupo pueda citar a comparecer a funcionarios de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y de la Función Pública, así como de Pemex para que informen del cumplimiento de la reforma para modernizar a la petrolera.
Resaltó que el gobierno de Felipe Calderón no ha instalado los mecanismos que previó el Congreso para que la autonomía de la empresa asegure transparencia, legalidad y rendición de cuentas; y las omisiones y retrasos han provocado una situación en la que los directivos de Pemex actúan con un enorme margen de discrecionalidad, totalmente contrario al espíritu de la ley.
Esto ha permitido, dijo, que Pemex haya hecho asignaciones directas de proyectos de inversión o contratos de arrendamientos que no pasan por el tamiz de los respectivos comités, porque no se han instalado.
Lozano refirió que, por ejemplo, no se ha cumplido con la obligación de establecer un mínimo de 25 por ciento de contenido nacional en las licitaciones y se continúa la práctica de asignar contratos a empresas extranjeras sin solicitarles dicho contenido, como ocurre en el caso de Chicontepec, Veracruz.