La Jornada 12/04/08
Carlos Ímaz Gispert
La iniciativa de reforma energética que envió Felipe Calderón hace unos días a la Cámara de Senadores se propone, explícitamente, abrir al sector privado las actividades de exploración, explotación de petróleo y gas, la refinación, almacenamiento y distribución de petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Es decir, se propone privatizar la riqueza generada por la industria petrolera nacional (lo cual no solamente es violatorio de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sino que además, como en las anteriores privatizaciones, resultará sumamente oneroso para el país y los consumidores). Para demostrarlo, presento, tan sólo, algunos ejemplos y datos concretos:
a) En la propuesta de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional se establece en el artículo cuarto que:
“Pemex, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”. Eso, es privatización (además de que se coloca a Pemex como “una empresa más” que tendrá que pedir permiso a la Secretaría de Energía para transportar y almacenar en competencia con los privados).
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”, Eso es privatización.
“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Eso es privatización.
b) En consecuencia, con las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se pretende otorgar a la Secretaría de Energía la atribución de: “V. Promover la participación de los privados en las actividades del sector (…) VII. Otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética”. Todo eso está explícitamente prohibido por la Constitución y se llama privatización.
c) El argumento que han esgrimido es que no hay dinero, que los recursos públicos no son suficientes para la inversión que se necesita. Incluso, Felipe Calderón nos receta amenazante que “sería una catástrofe no cambiar el marco regulatorio de Pemex, si no se da la reforma habría que aumentar impuestos o reducir el gasto social”. La mentira es monumental. Veamos sólo dos datos: 1. De acuerdo con las cifras oficiales, los excedentes petroleros para este año serán de, al menos, 20 mil millones de dólares.
2.- Resulta que, al 31 de diciembre de 2007, en el Master Trust Fund, manejado en un banco de Nueva York, existían 19 mil millones de dólares. Es decir que, para este año, Pemex tendrá, sin tocar un peso del gasto público, cerca de 39 mil millones de dólares.
También es mentira que no haya otro camino. Pemex es la empresa más rentable del país. Esto es cierto aun a pesar de que la han descapitalizado deliberadamente en todas sus áreas, mientras que los precios internacionales del petróleo y los ingresos correspondientes, obtenidos por México, han estado en sus más altos históricos, ¡cuando tenemos más recursos que nunca antes en nuestra historia! Si se le invirtieran en exploración y explotación de crudo, en recuperación de gas natural y en refinación, al menos una parte de los excedentes petroleros, Pemex sería muchísimo más rentable de lo que ya es y, para ello, no se requiere cambiar su marco regulatorio.
Para nuestro país no tiene ningún sentido práctico plantearse siquiera la posibilidad de privatizar y, menos aún, de extranjerizar nuestra industria petrolera. Es decir entregar innecesariamente a unos cuantos privados, nacionales y extranjeros parte de la riqueza que produce la industria petrolera nacional, pues, a pesar de los pesares, gracias a Pemex tenemos los recursos públicos suficientes para potenciarla y para impulsar un desarrollo más equitativo en nuestra patria.
Mintieron, y mienten al decir que no pretenden privatizar la riqueza del petróleo y sus derivados (por ello se niegan a un abierto debate nacional de cara a los ciudadanos) y mienten al decir que sólo una minoría de mexicanos se opone a la privatización (¿o qué, ya quemaron sus encuestas?) Y ahora resulta que los “violentos, secuestradores y golpistas”, son aquellos que, pacíficamente, se les pararon enfrente para impedir que violenten nuestra Constitución.
Carlos Ímaz Gispert
La iniciativa de reforma energética que envió Felipe Calderón hace unos días a la Cámara de Senadores se propone, explícitamente, abrir al sector privado las actividades de exploración, explotación de petróleo y gas, la refinación, almacenamiento y distribución de petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Es decir, se propone privatizar la riqueza generada por la industria petrolera nacional (lo cual no solamente es violatorio de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sino que además, como en las anteriores privatizaciones, resultará sumamente oneroso para el país y los consumidores). Para demostrarlo, presento, tan sólo, algunos ejemplos y datos concretos:
a) En la propuesta de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional se establece en el artículo cuarto que:
“Pemex, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”. Eso, es privatización (además de que se coloca a Pemex como “una empresa más” que tendrá que pedir permiso a la Secretaría de Energía para transportar y almacenar en competencia con los privados).
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”, Eso es privatización.
“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Eso es privatización.
b) En consecuencia, con las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se pretende otorgar a la Secretaría de Energía la atribución de: “V. Promover la participación de los privados en las actividades del sector (…) VII. Otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética”. Todo eso está explícitamente prohibido por la Constitución y se llama privatización.
c) El argumento que han esgrimido es que no hay dinero, que los recursos públicos no son suficientes para la inversión que se necesita. Incluso, Felipe Calderón nos receta amenazante que “sería una catástrofe no cambiar el marco regulatorio de Pemex, si no se da la reforma habría que aumentar impuestos o reducir el gasto social”. La mentira es monumental. Veamos sólo dos datos: 1. De acuerdo con las cifras oficiales, los excedentes petroleros para este año serán de, al menos, 20 mil millones de dólares.
2.- Resulta que, al 31 de diciembre de 2007, en el Master Trust Fund, manejado en un banco de Nueva York, existían 19 mil millones de dólares. Es decir que, para este año, Pemex tendrá, sin tocar un peso del gasto público, cerca de 39 mil millones de dólares.
También es mentira que no haya otro camino. Pemex es la empresa más rentable del país. Esto es cierto aun a pesar de que la han descapitalizado deliberadamente en todas sus áreas, mientras que los precios internacionales del petróleo y los ingresos correspondientes, obtenidos por México, han estado en sus más altos históricos, ¡cuando tenemos más recursos que nunca antes en nuestra historia! Si se le invirtieran en exploración y explotación de crudo, en recuperación de gas natural y en refinación, al menos una parte de los excedentes petroleros, Pemex sería muchísimo más rentable de lo que ya es y, para ello, no se requiere cambiar su marco regulatorio.
Para nuestro país no tiene ningún sentido práctico plantearse siquiera la posibilidad de privatizar y, menos aún, de extranjerizar nuestra industria petrolera. Es decir entregar innecesariamente a unos cuantos privados, nacionales y extranjeros parte de la riqueza que produce la industria petrolera nacional, pues, a pesar de los pesares, gracias a Pemex tenemos los recursos públicos suficientes para potenciarla y para impulsar un desarrollo más equitativo en nuestra patria.
Mintieron, y mienten al decir que no pretenden privatizar la riqueza del petróleo y sus derivados (por ello se niegan a un abierto debate nacional de cara a los ciudadanos) y mienten al decir que sólo una minoría de mexicanos se opone a la privatización (¿o qué, ya quemaron sus encuestas?) Y ahora resulta que los “violentos, secuestradores y golpistas”, son aquellos que, pacíficamente, se les pararon enfrente para impedir que violenten nuestra Constitución.