Thomas Wolsey fue un cardenal inglés que ascendió rápidamente en la corte inglesa una vez que Enrique VII lo nombró capellán personal en 1507. Su desmedida ambición por el poder y sus habilidades políticas y diplomáticas le valieron que Enrique VIII lo nombrara lord canciller en 1515. Ese mismo año el cardenal-canciller empezó a construir una mansión de tal tamaño y lujo que terminó despertando la envidia de su propio jefe, el rey. Y no era para menos la mansión del cardenal Wolsey, más conocida como Hampton Court, tiene más de 1,500 habitaciones, decenas de salones y extensos y bellos jardines. Enrique VIII despojó a Wolsey de este palacio, lo hizo su residencia y poco después mandó enjuiciar a su
antiguo canciller.
Al conocer esta historia dos cosas me llamaron la atención: La facilidad que tenían reyes, aristócratas y altos funcionarios de una corte europea para amasar cuantiosas fortunas. La segunda; la enorme cantidad de trabajo humano invertido en esa lujosa y ambiciosa construcción.
¿Quién pagaba las fiestas, las excentricidades, las joyas, los músicos y riquezas con las que vivían reyes, aristócratas y altos funcionarios de las monarquías europeas? Hace 500 años las exacciones forzadas sobre las clases bajas trabajadoras pagaban los lujos y excentricidades de las clases altas y ociosas.
Lo más sorprendente de todo es que ahora seguimos igual. Si alguien considera exagerada esta opinión, haría bien en revisar las condiciones lujo y excesos en las que viven las clases gobernantes de todo el mundo, incluidos los gobiernos que supuestamente viven en un sistema de democracia liberal que se supone son la antítesis del mundo monárquico y aristocrático. No es así.
La actual crisis capitalista (con las diversas aristas que ha manifestado, como la crisis fiscal) tiene la virtud de que nos permite ver con otros lentes los temas comunes y habituales.
La actual crisis financiera de los gobiernos permite ver con ojos distintos los abusos y prebendas de la clase política profesional. Ahora un alto sueldo o un exceso de gasto es más irritante que antes debido a la crisis económica que afecta a las familias del país.
Algunos pequeños datos:
Los seguros de gastos médicos para la alta burocracia federal mexicana cuestan diez mil millones de pesos al año, a pesar de que tienen derecho a la seguridad social pública y de que sus altos salarios podrían pagar un seguro médico privado (Público, 17 Agosto 2009).
Las pensiones de los ex presidentes cuestan a los contribuyentes 259 millones de pesos y los ex mandatarios vivos (Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox)
tienen a su servicio 515 empleados a su servicio, es decir, 103 cada uno (Crónica, 17 agosto 2009).
Hay más datos de este tremendo despilfarro de recursos públicos a manos de la clase gobernante: Felipe Calderón Hinojosa tiene asignados al año 1,798 millones de pesos únicamente para el funcionamiento de la
oficina de la presidencia, de los cuales el Estado Mayor gasta 465 mdp. (Contra Linea, Marzo 2008)
Por su parte el secretario de Hacienda, Agustín Carstens tiene asignados a su oficina particular 108 mdp, y una partida curiosa de 800 mil pesos para "productos alimenticios" directos a su despacho, más de 2,100 pesos diarios para comidas, cantidad con la que sobreviven al mes millones de mexicanos.
Ahora nos acabamos de enterar que los diputados federales no se contentan con los altos sueldos y prebendas que tienen, además es práctica común que trafiquen con los boletos de avión que les asigna la Cámara. Los boletos de primera clase los cambian por clase turista para quedarse con la diferencia en efectivo (El Universal, 19 agosto).
¿Quién paga todos estos excesos de la clase política? Como se ve, la clase política se ha convertido en la moderna aristocracia, una clase o grupo social ocioso que vive a expensas de las clases productivas, especialmente de las clases bajas que con su trabajo hace que todo el esquema de producción y reparto de riqueza funcione. Claro, todo esto no cambiará con algunas simples leyes. Se requiere un reacomodo político de mayor envergadura.