Ernesto Villanueva
El 26 de septiembre pasado, Juan Manuel Oliva Ramírez tomó posesión como gobernador de Guanajuato. Hombre de vieja militancia en la organización secreta de ultraderecha El Yunque (que ha dado a conocer a la opinión pública Álvaro Delgado), Oliva ha decidido echar por la borda el sistema de transparencia sin importar que en su empeño se viole la ley. Pinta, pues, de cuerpo entero un gobierno yunquista a plenitud y lo que se puede esperar en perjuicio del derecho a saber. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar lo que aquí se afirma. Véase si no.
Primero. El Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato tiene el mandato legal de funcionar como órgano garante del derecho a saber. Esa atribución sustantiva, a un mes de iniciado el gobierno yunquista de Guanajuato, se enfrenta a un peligro considerable. Resulta que el gobernador Oliva decidió revocar el nombramiento de consejero de dicho instituto a Ramón Izaguirre, un reconocido abogado, exconsejero magistrado del Poder Judicial del Estado, quien había sido ratificado en el cargo por acuerdo del gobernador Juan Carlos Romero con fecha 31 de octubre de 2005 por un periodo de cuatro años.
Izaguirre es reconocido, por propios y extraños, como uno de los mejores consejeros de acceso a la información que tiene el país, por su conocimiento y, sobre todo, por su independencia de criterio, según da cuenta su desempeño a lo largo de estos años en su encargo. Precisamente, esas prendas éticas y de imparcialidad fueron razones suficientes para que el gobernador Oliva decidiera que el que sabe no cabe.
Segundo. El 23 de octubre de este año, el gobernador Oliva remitió un oficio al consejero Izaguirre para notificarle que su nombramiento había sido revocado. La primera anomalía residió en que el documento referido no estaba fundamentado y motivado, como lo requieren los artículos 14 y 16 constitucionales. Es lo que se llama el principio básico de legalidad, creado para evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso de poder. Se trata, en suma, de una herramienta legal del gobernado frente al poder.
Tercero. El 24 de octubre, Izaguirre interpuso un recurso de amparo contra esa decisión arbitraria, no sólo por ser ilegal, sino por una cuestión de dignidad y compromiso con los gobernados. Al día siguiente le fue negada la suspensión provisional; es decir, el acto de autoridad por el cual el juzgador resuelve que las cosas deben permanecer intactas en tanto no se resuelve el fondo del asunto. Ante esa decisión del juez tercero de distrito, Francisco Javier Araujo Aguilar, el consejero guanajuatense interpuso una queja ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual le concedió el 31 de octubre la suspensión provisional para los efectos “de que se le mantenga en su cargo de consejero del instituto y para que no se realice la entrega recepción (…) para que no se le prive de ejercer las funciones inherentes a su cargo”.
Cuarto. Lo sorprendente no ha sido sólo que el gobernador Oliva haya revocado un nombramiento de consejero violando la ley, sino que decidiera ignorar el mandato judicial de mantener en el cargo a Izaguirre, cometiendo el delito de desacato frente a una resolución jurisdiccional. Ese hecho pone de relieve que para el yunquista gobierno de Guanajuato la ley no vale nada. Se ha admitido ya un incidente de violación de la suspensión en contra del gobernador presentado el 6 de noviembre pasado.
Quinto. Por si lo anterior fuera poco, en una acción concertada para violar la ley, el gobierno del estado de Guanjuato ha falsificado el acta de entrega-recepción del consejero Izaguirre. Esta maniobra ha sido cometida por el coordinador administrativo del Instituto de Acceso, Juan López Gutiérrez, y por representantes de la Secretaría de la Gestión Pública. A ello han seguido ofrecimientos dentro del gobierno del estado.
El consejero ha dicho que su lucha no es por dinero o por un empleo, sino por dignidad. La negativa ha sido recibida por el gobierno del estado como una afrenta, y de los ofrecimientos para “concertar” ha pasado a las amenazas a Izaguirre y a su familia por el “delito” de interponer un recurso judicial contra el gobernador.
Sexto. Al mismo tiempo que se utiliza la fuerza del Estado para amedrentar a un ciudadano porque acude a las instancias judiciales para dirimir conflictos, con los derechos que la ley le otorga, el Congreso del estado –únicamente con el voto de la fracción parlamentaria del PAN– ha designado a otro miembro destacado de El Yunque, Alfredo Ling Altamirano; por supuesto, más “sensible” a la nueva tónica del nuevo gobierno estatal. La anterior consejera, Guadalupe López Mares, de filiación también panista, pero no integrante de El Yunque, no fue ratificada por pensar con cabeza propia.La transparencia en Guanajuato se encuentra a la deriva.
Con consejeros a modo en el instituto, sin que importe que la ley sea ignorada y con amenazas a ciudadanos honestos, el Yunque ofrece una muestra de cómo la ultraderecha autoencubierta gobierna para mal de México.
El 26 de septiembre pasado, Juan Manuel Oliva Ramírez tomó posesión como gobernador de Guanajuato. Hombre de vieja militancia en la organización secreta de ultraderecha El Yunque (que ha dado a conocer a la opinión pública Álvaro Delgado), Oliva ha decidido echar por la borda el sistema de transparencia sin importar que en su empeño se viole la ley. Pinta, pues, de cuerpo entero un gobierno yunquista a plenitud y lo que se puede esperar en perjuicio del derecho a saber. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar lo que aquí se afirma. Véase si no.
Primero. El Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato tiene el mandato legal de funcionar como órgano garante del derecho a saber. Esa atribución sustantiva, a un mes de iniciado el gobierno yunquista de Guanajuato, se enfrenta a un peligro considerable. Resulta que el gobernador Oliva decidió revocar el nombramiento de consejero de dicho instituto a Ramón Izaguirre, un reconocido abogado, exconsejero magistrado del Poder Judicial del Estado, quien había sido ratificado en el cargo por acuerdo del gobernador Juan Carlos Romero con fecha 31 de octubre de 2005 por un periodo de cuatro años.
Izaguirre es reconocido, por propios y extraños, como uno de los mejores consejeros de acceso a la información que tiene el país, por su conocimiento y, sobre todo, por su independencia de criterio, según da cuenta su desempeño a lo largo de estos años en su encargo. Precisamente, esas prendas éticas y de imparcialidad fueron razones suficientes para que el gobernador Oliva decidiera que el que sabe no cabe.
Segundo. El 23 de octubre de este año, el gobernador Oliva remitió un oficio al consejero Izaguirre para notificarle que su nombramiento había sido revocado. La primera anomalía residió en que el documento referido no estaba fundamentado y motivado, como lo requieren los artículos 14 y 16 constitucionales. Es lo que se llama el principio básico de legalidad, creado para evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso de poder. Se trata, en suma, de una herramienta legal del gobernado frente al poder.
Tercero. El 24 de octubre, Izaguirre interpuso un recurso de amparo contra esa decisión arbitraria, no sólo por ser ilegal, sino por una cuestión de dignidad y compromiso con los gobernados. Al día siguiente le fue negada la suspensión provisional; es decir, el acto de autoridad por el cual el juzgador resuelve que las cosas deben permanecer intactas en tanto no se resuelve el fondo del asunto. Ante esa decisión del juez tercero de distrito, Francisco Javier Araujo Aguilar, el consejero guanajuatense interpuso una queja ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual le concedió el 31 de octubre la suspensión provisional para los efectos “de que se le mantenga en su cargo de consejero del instituto y para que no se realice la entrega recepción (…) para que no se le prive de ejercer las funciones inherentes a su cargo”.
Cuarto. Lo sorprendente no ha sido sólo que el gobernador Oliva haya revocado un nombramiento de consejero violando la ley, sino que decidiera ignorar el mandato judicial de mantener en el cargo a Izaguirre, cometiendo el delito de desacato frente a una resolución jurisdiccional. Ese hecho pone de relieve que para el yunquista gobierno de Guanajuato la ley no vale nada. Se ha admitido ya un incidente de violación de la suspensión en contra del gobernador presentado el 6 de noviembre pasado.
Quinto. Por si lo anterior fuera poco, en una acción concertada para violar la ley, el gobierno del estado de Guanjuato ha falsificado el acta de entrega-recepción del consejero Izaguirre. Esta maniobra ha sido cometida por el coordinador administrativo del Instituto de Acceso, Juan López Gutiérrez, y por representantes de la Secretaría de la Gestión Pública. A ello han seguido ofrecimientos dentro del gobierno del estado.
El consejero ha dicho que su lucha no es por dinero o por un empleo, sino por dignidad. La negativa ha sido recibida por el gobierno del estado como una afrenta, y de los ofrecimientos para “concertar” ha pasado a las amenazas a Izaguirre y a su familia por el “delito” de interponer un recurso judicial contra el gobernador.
Sexto. Al mismo tiempo que se utiliza la fuerza del Estado para amedrentar a un ciudadano porque acude a las instancias judiciales para dirimir conflictos, con los derechos que la ley le otorga, el Congreso del estado –únicamente con el voto de la fracción parlamentaria del PAN– ha designado a otro miembro destacado de El Yunque, Alfredo Ling Altamirano; por supuesto, más “sensible” a la nueva tónica del nuevo gobierno estatal. La anterior consejera, Guadalupe López Mares, de filiación también panista, pero no integrante de El Yunque, no fue ratificada por pensar con cabeza propia.La transparencia en Guanajuato se encuentra a la deriva.
Con consejeros a modo en el instituto, sin que importe que la ley sea ignorada y con amenazas a ciudadanos honestos, el Yunque ofrece una muestra de cómo la ultraderecha autoencubierta gobierna para mal de México.