MEXICO, D.F., 14 de marzo.- El gobierno espurio ha lanzado “una embestida” en contra de radios comunitarias y sociales, muchas de ellas indígenas, que no sólo incluye la clausura violenta de las instalaciones y el decomiso del equipo, sino el ejercicio de acción penal contra sus representantes, denunció el perredista Carlos Sotelo.
El Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía advirtió que parte del problema es que la Secretaría de Gobernación no ha dado trámite a las solicitudes de decenas de estaciones de radio, para que se les expida el permiso de operar. A pesar de que cumplen con los requisitos, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont mantiene “secuestrados” los expedientes, como lo ha hecho también con el Canal de Televisión del Congreso.
Sotelo demandó a las autoridades espurias “una especie de tregua”, a fin de suspender los cierres de estaciones de radio, para dar paso a su regulación, ya que de lo contrario podrían estallar conflictos sociales, toda vez que se trata de pequeñas emisoras con arraigo en las comunidades, contra las que la autoridad ha emprendido la aplicación selectiva de la ley, a fin de desaparecerlas.
Acompañado por el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Caros Aparicio, el legislador dijo que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) había llevado a cabo antes el cierre de las estaciones, el decomiso del equipo y acciones de tipo civil.
Sin embargo, en este año los cierres han sido violentos, “brutales”, como es el caso de dos radios comunitarias de la zona purépecha de Michoacán, donde se presentaron más de cien agentes federales, para allanar, cerrar las instalaciones y amagar a quiénes ahí laboraban.
El caso más reciente, detalló, es el de la estación Tierra y Libertad de Monterrey, donde un fuerte contingente policíaco se presentó durante la transmisión de un programa infantil y cerró la emisora, que tenía más de siete años de operar. Pero nos sólo ello, agregó el senador Sotelo, se fincaron además responsabilidades penales al doctor Héctor Camero, responsable del proyecto radial.
Ello debido a que en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que opera en caso de que no tengan los permisos legales correspondientes, han esgrimido la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de poder perseguir a quiénes están al frente de esas radiodifusoras.
Aparicio hizo notar que el gobierno mexicano pasa por encima de convenios internacionales que ha signado y en los que se establece el derecho de las comunidades y pueblos indígenas y de otros grupos sociales a contar con sus medios de comunicación.
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El Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía advirtió que parte del problema es que la Secretaría de Gobernación no ha dado trámite a las solicitudes de decenas de estaciones de radio, para que se les expida el permiso de operar. A pesar de que cumplen con los requisitos, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont mantiene “secuestrados” los expedientes, como lo ha hecho también con el Canal de Televisión del Congreso.
Sotelo demandó a las autoridades espurias “una especie de tregua”, a fin de suspender los cierres de estaciones de radio, para dar paso a su regulación, ya que de lo contrario podrían estallar conflictos sociales, toda vez que se trata de pequeñas emisoras con arraigo en las comunidades, contra las que la autoridad ha emprendido la aplicación selectiva de la ley, a fin de desaparecerlas.
Acompañado por el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Caros Aparicio, el legislador dijo que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) había llevado a cabo antes el cierre de las estaciones, el decomiso del equipo y acciones de tipo civil.
Sin embargo, en este año los cierres han sido violentos, “brutales”, como es el caso de dos radios comunitarias de la zona purépecha de Michoacán, donde se presentaron más de cien agentes federales, para allanar, cerrar las instalaciones y amagar a quiénes ahí laboraban.
El caso más reciente, detalló, es el de la estación Tierra y Libertad de Monterrey, donde un fuerte contingente policíaco se presentó durante la transmisión de un programa infantil y cerró la emisora, que tenía más de siete años de operar. Pero nos sólo ello, agregó el senador Sotelo, se fincaron además responsabilidades penales al doctor Héctor Camero, responsable del proyecto radial.
Ello debido a que en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que opera en caso de que no tengan los permisos legales correspondientes, han esgrimido la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de poder perseguir a quiénes están al frente de esas radiodifusoras.
Aparicio hizo notar que el gobierno mexicano pasa por encima de convenios internacionales que ha signado y en los que se establece el derecho de las comunidades y pueblos indígenas y de otros grupos sociales a contar con sus medios de comunicación.
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