La Jornada 23/03/08
Mario A. Di Costanzo A.
Desde hace varias semanas el gobierno mantiene en todos los medios de difusión masiva un promocional que más bien parece una minicomedia, en la que anuncia la existencia de un gran tesoro petrolero en las “aguas profundas” del Golfo de México, pero advierte que para acceder a éste Petróleos Mexicanos (Pemex) debe establecer “alianzas estratégicas” con empresas privadas, que son las que poseen la tecnología para extraerlo del subsuelo marino.
La campaña demuestra que el gobierno federal, al fin, está decidido a poner en marcha su estrategia para modificar la política petrolera de la nación: es casi un hecho que el próximo martes 25 de marzo Felipe Calderón enviará a la Cámara de Diputados su propuesta para privatizar el petróleo, a la que prefiere denominar reforma energética.
Es claro que, ante la falta de argumentos para justificar la virtual privatización del sector petrolero, Calderón y su equipo tratan de limitar el tema a la imperiosa necesidad de la explotación de las “aguas profundas”.
Tal parece que ante la urgencia de cumplir con sus acreedores políticos, Felipe Calderón y su camarilla llamada “gabinete” olvidan que “la industria del petróleo” va mucho más allá del mero hecho de extraerlo de aguas profundas y exportarlo. El tema, necesariamente, involucra cuestiones de geopolítica, seguridad y soberanía nacional.
El simple hecho de que nuestro vecino del norte posea sólo 2 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, que al mismo tiempo sea el principal consumidor y demandante de este energético, y que por ello haya provocado guerras en Oriente Medio para asegurarse un abasto continuo, lo hace evidente.
El tema también conlleva asuntos fiscales y presupuestarios. Y para ello no basta con disminuir la carga fiscal de Pemex, sino también encontrar las reformas fiscal y presupuestaria que se requieren para que el Estado pueda seguir funcionando sin tantos ingresos provenientes del crudo.
En ese sentido, basta señalar que, a pesar de que al mes de marzo del presente año Pemex habrá obtenido aproximadamente 35 mil millones de pesos como producto de sus excedentes petroleros, el gobierno federal ya autorizó una adecuación al presupuesto de la filial Pemex Exploración y Producción –es decir, el área encargada de buscar y extraer petróleo y gas del subsuelo–, a la cual se restarán de su presupuesto casi 18 mil millones de pesos, de los cuales 37 por ciento –6 mil 700 millones– se destinarán al corporativo de Petróleos Mexicanos, o mejor dicho al aparato burocrático y administrativo.
Mientras tanto, a pesar del demagógico anuncio de Felipe Calderón sobre la construcción de una refinería, Pemex Refinación –que sólo el año pasado generó ventas internas por casi 600 mil millones de pesos– recibirá como reasignación apenas 2 mil millones de pesos para inversión.
Pero no es todo. El tema petrolero requiere también revisar la estructuración misma de la industria, lo cual implica replantear el regreso a la integración de Pemex para maximizar el aprovechamiento de la petroquímica.
Luego entonces, es totalmente erróneo y absurdo reducir el problema energético de nuestro país a las alianzas estratégicas con Shell, Halliburton, Repsol o Petrobras. Más aún, si esas asociaciones estratégicas tienen como propósito únicamente “explotar las aguas profundas”.
Así, resulta ilógico pensar que asociaciones con cualquiera de esas empresas, incluyendo las de Juan Camilo Mouriño, permitirán que el país deje de importar gasolinas y petroquímicos, o bien, como por arte de magia, pueda reducirse la carga fiscal de la paraestatal.
Sin embargo, es preciso señalar que el razonamiento del gobierno de plano raya en la estupidez, porque es sabido por todos los especialistas en la materia que en el sudeste del país existen cuando menos 18 mil millones de barriles de reservas petroleras en aguas someras (de baja profundidad) y en tierra de litoral, donde por cierto ya existen instalaciones, se domina la técnica y los tiempos de desarrollo serían menores. Y por si esto fuera poco, los costos y riesgos serían sólo de una tercera parte de los que demanda la perforación en aguas profundas.
Por eso hay que recordar a los buscadores de tesoros: en esas aguas someras y tierra de litoral sólo se ha explorado hasta ahora 11 por ciento del área donde es susceptible encontrar petróleo… y no todo lo que brilla en el fondo del mar es tesoro.
Desde hace varias semanas el gobierno mantiene en todos los medios de difusión masiva un promocional que más bien parece una minicomedia, en la que anuncia la existencia de un gran tesoro petrolero en las “aguas profundas” del Golfo de México, pero advierte que para acceder a éste Petróleos Mexicanos (Pemex) debe establecer “alianzas estratégicas” con empresas privadas, que son las que poseen la tecnología para extraerlo del subsuelo marino.
La campaña demuestra que el gobierno federal, al fin, está decidido a poner en marcha su estrategia para modificar la política petrolera de la nación: es casi un hecho que el próximo martes 25 de marzo Felipe Calderón enviará a la Cámara de Diputados su propuesta para privatizar el petróleo, a la que prefiere denominar reforma energética.
Es claro que, ante la falta de argumentos para justificar la virtual privatización del sector petrolero, Calderón y su equipo tratan de limitar el tema a la imperiosa necesidad de la explotación de las “aguas profundas”.
Tal parece que ante la urgencia de cumplir con sus acreedores políticos, Felipe Calderón y su camarilla llamada “gabinete” olvidan que “la industria del petróleo” va mucho más allá del mero hecho de extraerlo de aguas profundas y exportarlo. El tema, necesariamente, involucra cuestiones de geopolítica, seguridad y soberanía nacional.
El simple hecho de que nuestro vecino del norte posea sólo 2 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, que al mismo tiempo sea el principal consumidor y demandante de este energético, y que por ello haya provocado guerras en Oriente Medio para asegurarse un abasto continuo, lo hace evidente.
El tema también conlleva asuntos fiscales y presupuestarios. Y para ello no basta con disminuir la carga fiscal de Pemex, sino también encontrar las reformas fiscal y presupuestaria que se requieren para que el Estado pueda seguir funcionando sin tantos ingresos provenientes del crudo.
En ese sentido, basta señalar que, a pesar de que al mes de marzo del presente año Pemex habrá obtenido aproximadamente 35 mil millones de pesos como producto de sus excedentes petroleros, el gobierno federal ya autorizó una adecuación al presupuesto de la filial Pemex Exploración y Producción –es decir, el área encargada de buscar y extraer petróleo y gas del subsuelo–, a la cual se restarán de su presupuesto casi 18 mil millones de pesos, de los cuales 37 por ciento –6 mil 700 millones– se destinarán al corporativo de Petróleos Mexicanos, o mejor dicho al aparato burocrático y administrativo.
Mientras tanto, a pesar del demagógico anuncio de Felipe Calderón sobre la construcción de una refinería, Pemex Refinación –que sólo el año pasado generó ventas internas por casi 600 mil millones de pesos– recibirá como reasignación apenas 2 mil millones de pesos para inversión.
Pero no es todo. El tema petrolero requiere también revisar la estructuración misma de la industria, lo cual implica replantear el regreso a la integración de Pemex para maximizar el aprovechamiento de la petroquímica.
Luego entonces, es totalmente erróneo y absurdo reducir el problema energético de nuestro país a las alianzas estratégicas con Shell, Halliburton, Repsol o Petrobras. Más aún, si esas asociaciones estratégicas tienen como propósito únicamente “explotar las aguas profundas”.
Así, resulta ilógico pensar que asociaciones con cualquiera de esas empresas, incluyendo las de Juan Camilo Mouriño, permitirán que el país deje de importar gasolinas y petroquímicos, o bien, como por arte de magia, pueda reducirse la carga fiscal de la paraestatal.
Sin embargo, es preciso señalar que el razonamiento del gobierno de plano raya en la estupidez, porque es sabido por todos los especialistas en la materia que en el sudeste del país existen cuando menos 18 mil millones de barriles de reservas petroleras en aguas someras (de baja profundidad) y en tierra de litoral, donde por cierto ya existen instalaciones, se domina la técnica y los tiempos de desarrollo serían menores. Y por si esto fuera poco, los costos y riesgos serían sólo de una tercera parte de los que demanda la perforación en aguas profundas.
Por eso hay que recordar a los buscadores de tesoros: en esas aguas someras y tierra de litoral sólo se ha explorado hasta ahora 11 por ciento del área donde es susceptible encontrar petróleo… y no todo lo que brilla en el fondo del mar es tesoro.