La Jornada 23/02/08
Arturo Huerta G.
Arturo Huerta G.
Por más que las autoridades gubernamentales nos dicen que la economía tiene condiciones macroeconómicas sólidas para encarar la eventual recesión de Estados Unidos, el problema es que las finanzas públicas enfrentan crecientes presiones derivadas del gran aumento de su deuda pública interna –por conducto de los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas)–, que es el rubro mediante el cual se contabiliza la inversión privada realizada en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, como artificio para no violar la Constitución. En 2007, 95 por ciento de la inversión realizada en Pemex fue bajo el concepto de Pidiregas; 80 por ciento de ésta fue extranjera.
Felipe Calderón ha advertido que de no autorizarse la intervención privada en dicho sector, el gobierno tendría que disminuir el gasto social para realizar esa inversión, ya que por ley se debe trabajar con equilibrio fiscal. La reforma energética, al legalizar el financiamiento privado en el sector, ocasionará que desaparezcan los Pidiregas. Es decir, se eliminaría dicha deuda pública interna a cambio de reconocer dicha inversión como activos privados. Esto implica la privatización de crecientes activos de Pemex, considerando que el gobierno ha dejado de invertir en ella para alcanzar su equilibrio fiscal. Eliminar dicha deuda disminuirá las finanzas públicas.
Esto evidencia el costo que ha implicado sumarse a los dictados de los organismos financieros internacionales, de trabajar con disciplina fiscal, lo que ha llevado a disminuir la participación del Estado en la economía, a costa de ceder al sector privado el control de las áreas estratégicas de alta rentabilidad.
La reforma energética está encaminada a asegurar condiciones legales y de alta rentabilidad para atraer capitales del exterior. El propio Presidente de la República ha dicho que el país tiene que captar la inversión que está dejando la economía de Estados Unidos ante la recesión que se avecina. Como la economía nacional no ofrece niveles de rentabilidad en las áreas manufacturera y agrícola, dada nuestra baja competitividad y la contracción del mercado interno, el único sector capaz de atraer inversión es la industria energética, puesto que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha dejado de ofrecer los niveles de rentabilidad que tuvo de 2004 a 2007.
La economía nacional depende de los flujos de capital para financiar el déficit externo. Éste tiende a ampliarse ante la caída de exportaciones, que se está profundizando por la desaceleración estadunidense. De ahí que al gobierno le urge atraer capitales para financiar dicho déficit, y más frente a la caída del crecimiento de las remesas y de la BMV. Por eso la prisa por aprobar la reforma energética.
Primero se vendió la banca y Telmex por conducto de la BMV, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993). Aún así se produjo la crisis a finales de 1994, no obstante mantener la disciplina fiscal.
La política económica se ha dirigido a atraer capitales para viabilizar la estabilidad de nuestra moneda y financiar nuestra inserción en el proceso de globalización, ante la inexistencia de condiciones endógenas para sortear tal circunstancia. De ahí la extranjerización creciente. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor desarrollo industrial y agrícola, ni en mayor generación de empleo productivo, ni en menores presiones sobre el sector externo, ni en mayor crecimiento económico y menor desigualdad.
Al gobierno le urge la reforma energética, tanto para evitar salidas de capital ante las expectativas de menor crecimiento, como para asegurar flujos de capital para seguir viabilizando las políticas de liberalización económica, y postergar la inminente manifestación de la crisis económica en el país, derivada de dicha política. Más ahora, cuando las variables externas (exportaciones y flujos de capital) pasan a actuar en contra.
De realizarse un albazo en torno a la reforma energética, no se resolverán los problemas del país. Con la privatización de dicho sector, el gobierno vería disminuido su financiamiento, ya que los ingresos provenientes de la paraestatal representan alrededor de 40 por ciento del total de sus ingresos. Los inversionistas privados en dicho sector no aceptarán ser sujetos a altas tasas impositivas.
La reducción de ingresos tributarios implicará presiones sobre las finanzas públicas, lo que obligará al gobierno a efectuar una drástica reforma tributaria para incrementar sus ingresos (afectando al propio sector privado que está por la reforma energética). El gasto social disminuirá, afectando el gasto en salud y en educación, con la consecuente mayor privatización de dichos rubros.
La entrada de capitales que propiciaría la reforma energética apreciará más la moneda nacional (con el consecuente abaratamiento del dólar y de los productos importados), lo que reducirá más nuestra competitividad, afectará la esfera productiva y el empleo nacional, e incrementará el déficit de comercio exterior y la vulnerabilidad externa de la economía.
El gobierno no quiere reconocer que en este proceso de privatización y extranjerización que hemos tenido durante los recientes 25 años, la economía nacional está ahora más subdesarrollada de lo que estaba antes de dichos regímenes.
Las políticas neoliberales primero le quitaron al gobierno el manejo soberano de la política monetaria con la autonomía del banco central en 1993; después la política fiscal, con la ley aprobada en 2006 que lo obliga a trabajar con disciplina fiscal. Ahora se pretende legalizar la privatización de Pemex. Ello implica el fin del Estado nacional, pues no se tendrá poder de negociación frente al sector privado nacional e internacional, ni manejo de la política económica para encarar los problemas del país.
Felipe Calderón ha advertido que de no autorizarse la intervención privada en dicho sector, el gobierno tendría que disminuir el gasto social para realizar esa inversión, ya que por ley se debe trabajar con equilibrio fiscal. La reforma energética, al legalizar el financiamiento privado en el sector, ocasionará que desaparezcan los Pidiregas. Es decir, se eliminaría dicha deuda pública interna a cambio de reconocer dicha inversión como activos privados. Esto implica la privatización de crecientes activos de Pemex, considerando que el gobierno ha dejado de invertir en ella para alcanzar su equilibrio fiscal. Eliminar dicha deuda disminuirá las finanzas públicas.
Esto evidencia el costo que ha implicado sumarse a los dictados de los organismos financieros internacionales, de trabajar con disciplina fiscal, lo que ha llevado a disminuir la participación del Estado en la economía, a costa de ceder al sector privado el control de las áreas estratégicas de alta rentabilidad.
La reforma energética está encaminada a asegurar condiciones legales y de alta rentabilidad para atraer capitales del exterior. El propio Presidente de la República ha dicho que el país tiene que captar la inversión que está dejando la economía de Estados Unidos ante la recesión que se avecina. Como la economía nacional no ofrece niveles de rentabilidad en las áreas manufacturera y agrícola, dada nuestra baja competitividad y la contracción del mercado interno, el único sector capaz de atraer inversión es la industria energética, puesto que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha dejado de ofrecer los niveles de rentabilidad que tuvo de 2004 a 2007.
La economía nacional depende de los flujos de capital para financiar el déficit externo. Éste tiende a ampliarse ante la caída de exportaciones, que se está profundizando por la desaceleración estadunidense. De ahí que al gobierno le urge atraer capitales para financiar dicho déficit, y más frente a la caída del crecimiento de las remesas y de la BMV. Por eso la prisa por aprobar la reforma energética.
Primero se vendió la banca y Telmex por conducto de la BMV, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993). Aún así se produjo la crisis a finales de 1994, no obstante mantener la disciplina fiscal.
La política económica se ha dirigido a atraer capitales para viabilizar la estabilidad de nuestra moneda y financiar nuestra inserción en el proceso de globalización, ante la inexistencia de condiciones endógenas para sortear tal circunstancia. De ahí la extranjerización creciente. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor desarrollo industrial y agrícola, ni en mayor generación de empleo productivo, ni en menores presiones sobre el sector externo, ni en mayor crecimiento económico y menor desigualdad.
Al gobierno le urge la reforma energética, tanto para evitar salidas de capital ante las expectativas de menor crecimiento, como para asegurar flujos de capital para seguir viabilizando las políticas de liberalización económica, y postergar la inminente manifestación de la crisis económica en el país, derivada de dicha política. Más ahora, cuando las variables externas (exportaciones y flujos de capital) pasan a actuar en contra.
De realizarse un albazo en torno a la reforma energética, no se resolverán los problemas del país. Con la privatización de dicho sector, el gobierno vería disminuido su financiamiento, ya que los ingresos provenientes de la paraestatal representan alrededor de 40 por ciento del total de sus ingresos. Los inversionistas privados en dicho sector no aceptarán ser sujetos a altas tasas impositivas.
La reducción de ingresos tributarios implicará presiones sobre las finanzas públicas, lo que obligará al gobierno a efectuar una drástica reforma tributaria para incrementar sus ingresos (afectando al propio sector privado que está por la reforma energética). El gasto social disminuirá, afectando el gasto en salud y en educación, con la consecuente mayor privatización de dichos rubros.
La entrada de capitales que propiciaría la reforma energética apreciará más la moneda nacional (con el consecuente abaratamiento del dólar y de los productos importados), lo que reducirá más nuestra competitividad, afectará la esfera productiva y el empleo nacional, e incrementará el déficit de comercio exterior y la vulnerabilidad externa de la economía.
El gobierno no quiere reconocer que en este proceso de privatización y extranjerización que hemos tenido durante los recientes 25 años, la economía nacional está ahora más subdesarrollada de lo que estaba antes de dichos regímenes.
Las políticas neoliberales primero le quitaron al gobierno el manejo soberano de la política monetaria con la autonomía del banco central en 1993; después la política fiscal, con la ley aprobada en 2006 que lo obliga a trabajar con disciplina fiscal. Ahora se pretende legalizar la privatización de Pemex. Ello implica el fin del Estado nacional, pues no se tendrá poder de negociación frente al sector privado nacional e internacional, ni manejo de la política económica para encarar los problemas del país.