La Jornada 23/03/08
Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx
El jueves 13 de marzo el Senado de Estados Unidos acordó extender la moratoria que impide el arrendamiento federal, para desarrollos de gas o petróleo, de la mayor parte de la plataforma continental externa. Esto está incluido en el presupuesto para el año fiscal 2009. Es parte de otras medidas que restringen desarrollos de estos hidrocarburos en otras áreas. Esos acuerdos vienen de antes, ahora se extienden a 2009. Y se informa que 30 estados del país vecino los han aprovechado para frenar desarrollos petroleros y gaseros.
Esto muestra que el “espantapájaros” del popote, que según funcionarios en dos años ya sería real, mediante el cual se extraería petróleo del lado mexicano desde el lado estadunidense, está fuera del proceso real de explotación de aguas profundas en el Golfo de México.
Claro, los senadores ni siquiera hablan de aguas fronterizas con México, que no están planteadas más que en algunos discursos. De manera más general, hay una prohibición, no sólo de perforar, de ni siquiera arrendarles a las empresas petroleras, tramos de la plataforma continental externa. Y si se aplica para el año fiscal de 2009, pues durante todo ese tiempo, por lo menos, tendrá vigencia.
Si se arrendaran tramos de esa parte de las aguas territoriales estadunidenses, que está por verse, esto ya sería en 2010. Y a partir de entonces, tendrían que empezar los estudios, como sismografías, durante años, para ver si es posible perforar de manera exploratoria y ver si hay, y si es económicamente explotable, gas y petróleo en cada tramo arrendado.
De modo que además de los obstáculos diplomáticos, el “popote” no es un problema inminente. Lo que se implica en estas y otras declaraciones de funcionarios y legisladores es que lo más importante son las aguas profundas, que Pemex no lo puede hacer solo, y que necesita asociarse con empresas extranjeras para ese fin. Ese es el fondo de su discurso.
Esta es una cadena de mentiras. El acuerdo del Senado estadunidense muestra que no es inminente ni siquiera el arrendamiento de autoridades federales a empresas petroleras. Tampoco es lo más importante perforar en el fondo de las aguas profundas, donde no hay nada de reservas, ni probadas, ni probables, ni posibles. Es prioritario desarrollar zonas en las que tenemos reservas y las podemos aumentar y desarrollar, y además a un costo mucho más bajo que en aguas profundas.
Tampoco es verdad que Pemex no pueda hacer ese trabajo sin asociarse con empresas extranjeras: ya perforó cuatro pozos en aguas profundas. Por cierto que dos de estos pozos sirvieron para encontrar gas, uno petróleo y el otro nada. Y el petróleo resultó ser muy pesado, muy viscoso, muy difícil de extraer además de la profundidad, y de menor valor comercial. Allá, muy abajo, donde están depósitos de crudo muy pesado, hace más calor que afuera. Pero al salir el petróleo, si se pretende sacarlo, llega a lugares más fríos e incluso se tapa el ducto al solidificarse más ese petróleo. En Venezuela, a profundidades mucho menores, se ha inyectado diesel para que el crudo extrapesado pueda fluir.
Lo que sí se ve es que la derecha está ansiosa de meter a empresas extranjeras al sector petrolero, que ya lo están mediante contratos que violan la Constitución, pero ahora también como asociación. De hecho, ya han dado pasos en ese sentido. Quieren avalar lo que ya han hecho, y hacerlo en mayor medida, con cambios en las leyes, los cuales serían contrarios, también, a la Constitución.
Se ha dejado, al mismo tiempo, con recursos insuficientes, el desarrollo de zonas más accesibles, como las del litoral de Tabasco y otras marítimas, e incluso en tierra, en áreas que, en ambos casos, producen crudos ligeros y con más gas asociado. Además, se “saltaron” áreas muy grandes de profundidad intermedia, de 200 a 500 metros, en las que el costo es menor que en aguas profundas, no sólo por la menor profundidad del agua sino porque la infraestructura cuesta menos al estar más cerca de la parte terrestre.
Como ya se ha dicho, los funcionarios acuden a repetir, a reiterar en los medios de difusión a alto costo, esas mentiras, confiando en que así la gente acabará por tomarlas como si fueran la verdad. Ante eso debemos buscar las formas posibles de difundir lo que en realidad está pasando.
Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx
El jueves 13 de marzo el Senado de Estados Unidos acordó extender la moratoria que impide el arrendamiento federal, para desarrollos de gas o petróleo, de la mayor parte de la plataforma continental externa. Esto está incluido en el presupuesto para el año fiscal 2009. Es parte de otras medidas que restringen desarrollos de estos hidrocarburos en otras áreas. Esos acuerdos vienen de antes, ahora se extienden a 2009. Y se informa que 30 estados del país vecino los han aprovechado para frenar desarrollos petroleros y gaseros.
Esto muestra que el “espantapájaros” del popote, que según funcionarios en dos años ya sería real, mediante el cual se extraería petróleo del lado mexicano desde el lado estadunidense, está fuera del proceso real de explotación de aguas profundas en el Golfo de México.
Claro, los senadores ni siquiera hablan de aguas fronterizas con México, que no están planteadas más que en algunos discursos. De manera más general, hay una prohibición, no sólo de perforar, de ni siquiera arrendarles a las empresas petroleras, tramos de la plataforma continental externa. Y si se aplica para el año fiscal de 2009, pues durante todo ese tiempo, por lo menos, tendrá vigencia.
Si se arrendaran tramos de esa parte de las aguas territoriales estadunidenses, que está por verse, esto ya sería en 2010. Y a partir de entonces, tendrían que empezar los estudios, como sismografías, durante años, para ver si es posible perforar de manera exploratoria y ver si hay, y si es económicamente explotable, gas y petróleo en cada tramo arrendado.
De modo que además de los obstáculos diplomáticos, el “popote” no es un problema inminente. Lo que se implica en estas y otras declaraciones de funcionarios y legisladores es que lo más importante son las aguas profundas, que Pemex no lo puede hacer solo, y que necesita asociarse con empresas extranjeras para ese fin. Ese es el fondo de su discurso.
Esta es una cadena de mentiras. El acuerdo del Senado estadunidense muestra que no es inminente ni siquiera el arrendamiento de autoridades federales a empresas petroleras. Tampoco es lo más importante perforar en el fondo de las aguas profundas, donde no hay nada de reservas, ni probadas, ni probables, ni posibles. Es prioritario desarrollar zonas en las que tenemos reservas y las podemos aumentar y desarrollar, y además a un costo mucho más bajo que en aguas profundas.
Tampoco es verdad que Pemex no pueda hacer ese trabajo sin asociarse con empresas extranjeras: ya perforó cuatro pozos en aguas profundas. Por cierto que dos de estos pozos sirvieron para encontrar gas, uno petróleo y el otro nada. Y el petróleo resultó ser muy pesado, muy viscoso, muy difícil de extraer además de la profundidad, y de menor valor comercial. Allá, muy abajo, donde están depósitos de crudo muy pesado, hace más calor que afuera. Pero al salir el petróleo, si se pretende sacarlo, llega a lugares más fríos e incluso se tapa el ducto al solidificarse más ese petróleo. En Venezuela, a profundidades mucho menores, se ha inyectado diesel para que el crudo extrapesado pueda fluir.
Lo que sí se ve es que la derecha está ansiosa de meter a empresas extranjeras al sector petrolero, que ya lo están mediante contratos que violan la Constitución, pero ahora también como asociación. De hecho, ya han dado pasos en ese sentido. Quieren avalar lo que ya han hecho, y hacerlo en mayor medida, con cambios en las leyes, los cuales serían contrarios, también, a la Constitución.
Se ha dejado, al mismo tiempo, con recursos insuficientes, el desarrollo de zonas más accesibles, como las del litoral de Tabasco y otras marítimas, e incluso en tierra, en áreas que, en ambos casos, producen crudos ligeros y con más gas asociado. Además, se “saltaron” áreas muy grandes de profundidad intermedia, de 200 a 500 metros, en las que el costo es menor que en aguas profundas, no sólo por la menor profundidad del agua sino porque la infraestructura cuesta menos al estar más cerca de la parte terrestre.
Como ya se ha dicho, los funcionarios acuden a repetir, a reiterar en los medios de difusión a alto costo, esas mentiras, confiando en que así la gente acabará por tomarlas como si fueran la verdad. Ante eso debemos buscar las formas posibles de difundir lo que en realidad está pasando.