La Jornada 21/03/08
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
El gobierno de Hugo Chávez ganó la primera partida legal a la Exxon Mobil, la cual recurrió a tribunales de terceros países que nada tienen que ver con sus negocios en Venezuela ni con la justicia de la nación sudamericana, para “recuperar utilidades” a todas luces inexistentes, de tal suerte que con esa resolución favorable se sienta un precedente en contra de las siempre ambiciosas cuan insaciables trasnacionales.
A la Exxon le disgustó que, en una decisión soberana, el gobierno venezolano cancelara su participación en varios proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la Franja del Orinoco, el “tesoro” de aquella nación. Originalmente la trasnacional, junto con otras de su talante (las estadunidenses Chevron Corporation y Conoco Phillips; la británica BP-PLC; la francesa Total y la noruega Statoil) obtuvieron de gobiernos anteriores en la década de los 90, en dicha zona productora, beneficios que constituían un verdadero atraco para los intereses de la nación sudamericana, pues a los consorcios se les permitía el pago de regalías al Estado de sólo uno por ciento de lo obtenido. Y eso si lo llegaban a pagar. Ahora deben pagar más de 33 por ciento por ese mismo concepto.
Hugo Chávez denunció tales convenios petroleros en mayo de 2007, los echó para atrás y retomó el control estatal en la Faja del Orinoco, una región con uno de los mayores depósitos de hidrocarburo del mundo, con cerca de 236 mil millones de barriles. Los convenios con las trasnacionales citadas fueron cancelados; todas negociaron y aceptaron los términos fijados por el gobierno venezolano, convirtiéndose así en socios minoritarios. Sólo Exxon Mobil y Conoco Phillips dijeron que no y amenazaron con recurrir a los “tribunales internacionales” en “países amigos” para resolver a su favor esta supuesta controversia.
Así, la Exxon fue la primera en moverse y a principios de febrero pasado obtuvo “varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12 mil millones de dólares en activos de Petróleos de Venezuela (la estatal PDVSA) en todo el mundo”, es decir, los dineros “reclamados por “lucro cesante” (utilidades proyectadas, pero no cosechadas). Tales mandatos fueron obsequiados por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas, países y juzgados que nada tienen que ver con la relación comercial entre el gobierno venezolano y la trasnacional.
Poco más de un mes después, un juez de la Alta Corte de Justicia de Londres canceló la referida orden judicial por no tener jurisdicción ni competencia en el litigio promovido por Exxon, cerrando así el caso, no sin antes subrayar que la pretensión de la trasnacional estadunidense “no corresponde a la realidad”. Pendiente queda la resolución de “tribunales amigos” de Holanda y las Antillas Holandesas, pero sin duda el paso definitivo se dará en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial donde se dirimen demandas de esta naturaleza, mayoritariamente favorables a los consorcios privados.
Como lo comentamos en este espacio cuando se conoció que tres tribunales ajenos al conflicto obsequiaron las citadas “órdenes judiciales”, Exxon (que en 2007 obtuvo 40 mil millones de dólares en utilidades netas) exigió al gobierno venezolano una “indemnización” de 12 mil millones de dólares, por un negocio en el que invirtió 750 millones, monto 16 veces inferior al ahora reclamado ante la justicia de terceros países (ya sólo quedan dos).
Ante la decisión del gobierno venezolano de cancelar los contratos otorgados en la década de los 90, Exxon Mobil de inmediato recurrió al CIADI, un supuesto “árbitro” en las “controversias” entre gobiernos y empresas de este tipo, dependiente del siempre “amigable” Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, para que le “devolvieran” el negocio o cuando menos PDVSA le pagara su “indemnización”, que estimó en 12 mil millones de dólares, cuando sus inversiones no superaron los 750 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La CIADI es un organismo que difícilmente falla favorablemente a los intereses de una nación. Por el contrario, su historial es rico en “acuerdos” que benefician a las trasnacionales (éstas han ganado 230 de 232 casos presentados), por mucho que sus exigencias sean verdaderamente descabelladas. De estos resolutivos Argentina los ha padecido todos, producto de la política privatizadora de Carlos Menem en los 90) y Bolivia no se queda atrás, porque al gobierno de Evo Morales le heredaron “reclamos” por “indemnización” como la estadunidense Bechtel Corporation, un consorcio que exigía una “compensación” por “lucro cesante” de 25 millones de dólares, con ganas de llegar a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de agua en Cochabamba no superó el medio millón de dólares. Pero el gobierno de Evo no se doblegó y la trasnacional se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos. Finalmente vendió en dos dólares todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y Bolivia dejó de ser miembro de la CIADI.
En este contexto, Exxon Mobil exige al gobierno venezolano una “indemnización” por 12 mil millones de dólares que en la “lógica” descrita se traduciría así: 750 millones por sus inversiones al momento de cancelar la concesión en la Franja del Orinoco, y 11 mil 250 millones por “lucro cesante”, es decir las utilidades que la trasnacional proyectó para los siguientes 20 años. Un asalto, por donde quiera verse.
Y en este nítido espejo deben reflejarse aquellos que buscan “hacerse acompañar” (Reyes Heroles, el junior, dixit) por trasnacionales en la aventura privatizadora del calderonismo.
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
El gobierno de Hugo Chávez ganó la primera partida legal a la Exxon Mobil, la cual recurrió a tribunales de terceros países que nada tienen que ver con sus negocios en Venezuela ni con la justicia de la nación sudamericana, para “recuperar utilidades” a todas luces inexistentes, de tal suerte que con esa resolución favorable se sienta un precedente en contra de las siempre ambiciosas cuan insaciables trasnacionales.
A la Exxon le disgustó que, en una decisión soberana, el gobierno venezolano cancelara su participación en varios proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la Franja del Orinoco, el “tesoro” de aquella nación. Originalmente la trasnacional, junto con otras de su talante (las estadunidenses Chevron Corporation y Conoco Phillips; la británica BP-PLC; la francesa Total y la noruega Statoil) obtuvieron de gobiernos anteriores en la década de los 90, en dicha zona productora, beneficios que constituían un verdadero atraco para los intereses de la nación sudamericana, pues a los consorcios se les permitía el pago de regalías al Estado de sólo uno por ciento de lo obtenido. Y eso si lo llegaban a pagar. Ahora deben pagar más de 33 por ciento por ese mismo concepto.
Hugo Chávez denunció tales convenios petroleros en mayo de 2007, los echó para atrás y retomó el control estatal en la Faja del Orinoco, una región con uno de los mayores depósitos de hidrocarburo del mundo, con cerca de 236 mil millones de barriles. Los convenios con las trasnacionales citadas fueron cancelados; todas negociaron y aceptaron los términos fijados por el gobierno venezolano, convirtiéndose así en socios minoritarios. Sólo Exxon Mobil y Conoco Phillips dijeron que no y amenazaron con recurrir a los “tribunales internacionales” en “países amigos” para resolver a su favor esta supuesta controversia.
Así, la Exxon fue la primera en moverse y a principios de febrero pasado obtuvo “varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12 mil millones de dólares en activos de Petróleos de Venezuela (la estatal PDVSA) en todo el mundo”, es decir, los dineros “reclamados por “lucro cesante” (utilidades proyectadas, pero no cosechadas). Tales mandatos fueron obsequiados por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas, países y juzgados que nada tienen que ver con la relación comercial entre el gobierno venezolano y la trasnacional.
Poco más de un mes después, un juez de la Alta Corte de Justicia de Londres canceló la referida orden judicial por no tener jurisdicción ni competencia en el litigio promovido por Exxon, cerrando así el caso, no sin antes subrayar que la pretensión de la trasnacional estadunidense “no corresponde a la realidad”. Pendiente queda la resolución de “tribunales amigos” de Holanda y las Antillas Holandesas, pero sin duda el paso definitivo se dará en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial donde se dirimen demandas de esta naturaleza, mayoritariamente favorables a los consorcios privados.
Como lo comentamos en este espacio cuando se conoció que tres tribunales ajenos al conflicto obsequiaron las citadas “órdenes judiciales”, Exxon (que en 2007 obtuvo 40 mil millones de dólares en utilidades netas) exigió al gobierno venezolano una “indemnización” de 12 mil millones de dólares, por un negocio en el que invirtió 750 millones, monto 16 veces inferior al ahora reclamado ante la justicia de terceros países (ya sólo quedan dos).
Ante la decisión del gobierno venezolano de cancelar los contratos otorgados en la década de los 90, Exxon Mobil de inmediato recurrió al CIADI, un supuesto “árbitro” en las “controversias” entre gobiernos y empresas de este tipo, dependiente del siempre “amigable” Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, para que le “devolvieran” el negocio o cuando menos PDVSA le pagara su “indemnización”, que estimó en 12 mil millones de dólares, cuando sus inversiones no superaron los 750 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La CIADI es un organismo que difícilmente falla favorablemente a los intereses de una nación. Por el contrario, su historial es rico en “acuerdos” que benefician a las trasnacionales (éstas han ganado 230 de 232 casos presentados), por mucho que sus exigencias sean verdaderamente descabelladas. De estos resolutivos Argentina los ha padecido todos, producto de la política privatizadora de Carlos Menem en los 90) y Bolivia no se queda atrás, porque al gobierno de Evo Morales le heredaron “reclamos” por “indemnización” como la estadunidense Bechtel Corporation, un consorcio que exigía una “compensación” por “lucro cesante” de 25 millones de dólares, con ganas de llegar a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de agua en Cochabamba no superó el medio millón de dólares. Pero el gobierno de Evo no se doblegó y la trasnacional se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos. Finalmente vendió en dos dólares todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y Bolivia dejó de ser miembro de la CIADI.
En este contexto, Exxon Mobil exige al gobierno venezolano una “indemnización” por 12 mil millones de dólares que en la “lógica” descrita se traduciría así: 750 millones por sus inversiones al momento de cancelar la concesión en la Franja del Orinoco, y 11 mil 250 millones por “lucro cesante”, es decir las utilidades que la trasnacional proyectó para los siguientes 20 años. Un asalto, por donde quiera verse.
Y en este nítido espejo deben reflejarse aquellos que buscan “hacerse acompañar” (Reyes Heroles, el junior, dixit) por trasnacionales en la aventura privatizadora del calderonismo.
Las rebanadas del pastel
Chin… ya no es negocio, hay que privatizarlo: “el precio de la mezcla mexicana de exportación reportó este miércoles 19 la caída más representativa del año” (de 91.51 a 86.71 dólares), difunden, alarmados, los medios oficiales. Qué miedo, hay que deshacerse del oro negro, porque la ganancia por barril ya es de sólo 82 dólares.