Los acontecimientos políticos del país desafían la razón. Obedecen a una reiterada superposición de lo imaginario sobre lo real. Emblemático es el supuesto secuestro de la aeronave, que gozó de un despliegue mediático digno del aterrizaje del hombre en la luna y exhibió el talante simulador del secretario de Seguridad Pública.
Así las propuestas fiscales enviadas al Congreso, que anuncian “la disminución del gasto administrativo del gobierno” mientras lo incrementan con descaro.
Que prometen su “reorientación a favor de la inversión pública” y en las cifras la recortan.
Que proponen nuevos impuestos para “destinar más recursos a los pobres”, cuando serían éstos los pagadores de los gravámenes.
Según el presupuesto presentado, se incrementaría en 2.7% el gasto corriente y el de operación en 10.3%, intacta la obesidad del aparato y sus procedimientos.
En cambio, los subsidios se reducirían en más de 12% y el gasto de inversión en 13.5%. Se castigarían los apoyos compensatorios de la desigualdad y los estímulos al crecimiento. Política contraria a la que emprende el mundo entero para sortear la crisis.
En desacato al artículo 90 de la Constitución, Calderón anuncia la desaparición de tres secretarías de Estado, competencia exclusiva del Poder Legislativo. No explicita el destino de sus competencias ni la remodelación administrativa que seguiría. Menos la disminución presupuestal que implicaría, ya que los empleados de base y muchos de confianza acabarían migrando con sus escritorios y funciones a un nuevo hogar burocrático.
Hace tiempo la administración federal demanda una reforma en profundidad. Exige privilegiar sus capacidades de planeación, regulación y control sobre las operativas, que debieran desconcentrarse o trasladarse a estados y municipios. Supone además cambios constitucionales para redefinir competencias; la Secretaría de la Función Pública bien podría ser reemplazada por una corte de cuentas.
Nada de ello figura en la febril agenda presidencial. Las sustituciones en el gabinete acusan una pendiente que va de la inseguridad a la sumisión. Los nombres adelantados para ocupar la titularidad de Agricultura, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría son signos despóticos y amenazantes. Ofrece diálogo nacional para el cambio y anuncia derroteros preestablecidos sin consulta pública.
Son además una oda a la impunidad, al conflicto de intereses y la contumacia reaccionaria. El nuevo ocupante de la Sagarpa ha sido un ejecutor tecnocrático de la política que se condena. Las irregularidades cometidas en los programas de apoyo al campo son punibles y agudizaron la estructura piramidal de la distribución de recursos para la agricultura.
El personaje destinado a Pemex fue rechazado como consejero de esa institución por el Senado. Proviene de la cepa neoliberal más dogmática, fue servidor de connotados grupos oligárquicos y operador de una red de complicidades que socavó la empresa en beneficio de gobernantes y asociados. Heraldo de nuevas privatizaciones y multiplicadas corruptelas.
La cereza sobre el engendro es el candidato a procurar justicia y combatir el crimen. Representa un arbitraje hacia línea dura. Investigado por la CNDH en su tortuosa fabricación de culpables cuando las muertas de Juárez. Instigador de la represión en Oaxaca y socio de los bufetes que trocaron la influencia política en negocio sucio.
La anécdota nos remite a Calígula que, en su extravío, nombró cónsul a su caballo. La historia consigna que hundió Roma “por una serie de yerros políticos que derivaron en crisis económica y hambruna”. “Acuciado por las deudas puso en marcha medidas desesperadas, como pedir dinero a la plebe”. La conspiración y la revuelta, más que el Senado, lo llevaron a un triste fin.
No repitamos en comedia desmanes que configuraron tragedias. Asumamos —sociedad y poderes constituidos— la responsabilidad suprema de enderezar el rumbo. Los pueblos tienen los gobiernos que toleran.
Porfirio Muñoz Ledo - Diputado federal (PT)
Que prometen su “reorientación a favor de la inversión pública” y en las cifras la recortan.
Que proponen nuevos impuestos para “destinar más recursos a los pobres”, cuando serían éstos los pagadores de los gravámenes.
Según el presupuesto presentado, se incrementaría en 2.7% el gasto corriente y el de operación en 10.3%, intacta la obesidad del aparato y sus procedimientos.
En cambio, los subsidios se reducirían en más de 12% y el gasto de inversión en 13.5%. Se castigarían los apoyos compensatorios de la desigualdad y los estímulos al crecimiento. Política contraria a la que emprende el mundo entero para sortear la crisis.
En desacato al artículo 90 de la Constitución, Calderón anuncia la desaparición de tres secretarías de Estado, competencia exclusiva del Poder Legislativo. No explicita el destino de sus competencias ni la remodelación administrativa que seguiría. Menos la disminución presupuestal que implicaría, ya que los empleados de base y muchos de confianza acabarían migrando con sus escritorios y funciones a un nuevo hogar burocrático.
Hace tiempo la administración federal demanda una reforma en profundidad. Exige privilegiar sus capacidades de planeación, regulación y control sobre las operativas, que debieran desconcentrarse o trasladarse a estados y municipios. Supone además cambios constitucionales para redefinir competencias; la Secretaría de la Función Pública bien podría ser reemplazada por una corte de cuentas.
Nada de ello figura en la febril agenda presidencial. Las sustituciones en el gabinete acusan una pendiente que va de la inseguridad a la sumisión. Los nombres adelantados para ocupar la titularidad de Agricultura, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría son signos despóticos y amenazantes. Ofrece diálogo nacional para el cambio y anuncia derroteros preestablecidos sin consulta pública.
Son además una oda a la impunidad, al conflicto de intereses y la contumacia reaccionaria. El nuevo ocupante de la Sagarpa ha sido un ejecutor tecnocrático de la política que se condena. Las irregularidades cometidas en los programas de apoyo al campo son punibles y agudizaron la estructura piramidal de la distribución de recursos para la agricultura.
El personaje destinado a Pemex fue rechazado como consejero de esa institución por el Senado. Proviene de la cepa neoliberal más dogmática, fue servidor de connotados grupos oligárquicos y operador de una red de complicidades que socavó la empresa en beneficio de gobernantes y asociados. Heraldo de nuevas privatizaciones y multiplicadas corruptelas.
La cereza sobre el engendro es el candidato a procurar justicia y combatir el crimen. Representa un arbitraje hacia línea dura. Investigado por la CNDH en su tortuosa fabricación de culpables cuando las muertas de Juárez. Instigador de la represión en Oaxaca y socio de los bufetes que trocaron la influencia política en negocio sucio.
La anécdota nos remite a Calígula que, en su extravío, nombró cónsul a su caballo. La historia consigna que hundió Roma “por una serie de yerros políticos que derivaron en crisis económica y hambruna”. “Acuciado por las deudas puso en marcha medidas desesperadas, como pedir dinero a la plebe”. La conspiración y la revuelta, más que el Senado, lo llevaron a un triste fin.
No repitamos en comedia desmanes que configuraron tragedias. Asumamos —sociedad y poderes constituidos— la responsabilidad suprema de enderezar el rumbo. Los pueblos tienen los gobiernos que toleran.
Porfirio Muñoz Ledo - Diputado federal (PT)