Este miércoles se espera una de las decisiones más esperadas y de enorme trascendencia para todo México, si de justicia para las víctimas se trata. El caso Acteal, considerado por muchos como un crimen de Estado, es una masacre de indígenas tzotziles en el estado de Chiapas. Fueron masacrados cuando hacían oración en una pequeña ermita. La Sociedad Civil Las Abejas, organización a la que pertenecían las víctimas, ha reclamado justicia durante casi doce años, no sólo para los autores materiales de la masacre, sino especialmente para los autores intelectuales, desde el expresidente Ernesto Zedillo, el exgobernador Ruiz Ferro, el exsecretario de gobernación y ahora nuevamente diputado federal, Emilio Chuayfet y, por supuesto, los mandos militares que operaron la masacre, desde los preparativos y el entrenamiento de los paramilitares, hasta la protección del ejército y los cuerpos policiacos. Son muchas las voces que en estos últimos días se han levantado en contra de que, una vez más, la Corte expida un nuevo certificado de impunidad, como el reciente otorgado al fuero militar, que tanto se ha debatido.
No es para menos. Conceder el amparo a indígenas paramilitares que perpetraron la masacre en la que murieron en su mayoría mujeres y niños, incluso mujeres embarazadas a las que les arrancaron del vientre criaturas en gestación, supondría uno de los certificados de impunidad de mayor atrocidad y, en la práctica, la cancelación de las posibilidades de hacer justicia a las víctimas. El debate ha ido en ascenso, tanto para los que defienden a los paramilitares, en su mayoría de religión evangélica, como para quienes, desde el mismo día de la masacre, han levantado su voz a favor de la justicia para las víctimas. Hay un punto en común que es lo que más llama la atención: que todo el proceso estuvo viciado, desde el cerco militar en el lugar de los hechos para modificar las condiciones en que ocurrió la masacre, como para inventar la hipótesis de un conflicto intracomunitario e interreligioso, cuando, en los hechos, se preparó la masacre como parte de la guerra contrainsurgente que, desde entonces, el gobierno federal y estatal llevan a cabo contra las comunidades indígenas zapatistas.
El problema mayor que enfrentamos en México, en opinión de juristas internacionales, es si en la práctica tenemos una Suprema Corte de Justicia, o por el contrario, una Suprema Corte de Impunidad. Los antecedentes no son para menos. Por ejemplo, se le concede impunidad al "góber precioso", y con ello se autoriza la protección que los gobernadores puedan otorgar a las redes de pederastas; en el caso Oaxaca, como el de Atenco y otros, se da permiso para la represión y, en particular, para el ejercicio del terrorismo de Estado. El de Oaxaca, por ejemplo, en opinión del académico Gustavo Esteva, sobre un documento filtrado a la prensa, supuestamente elaborado por la Comisión nombrada por la Corte, está “cuajado de aberraciones jurídicas, es técnicamente ridículo, éticamente insoportable y políticamente criminal Dice Esteva: Para los jueces investigadores, los únicos culpables serían los inconformes, los insumisos, los ciudadanos que usaron primero todas las vías legales e institucionales y pasaron a la acción directa sólo cuando éstas quedaron agotadas.”
Es el México bizarro en el que los patos le tiran a las escopetas y las víctimas de las masacres, como la de Acteal, son culpables de su martirio. Por eso, nunca está por demás preguntarnos con toda seriedad si lo que tenemos en México es una Suprema Corte de Justicia o una Suprema Corte de Impunidad. Peor todavía cuando, sin consulta previa, te cierran el acceso a su casa y te obligan a entrar por la puerta de atrás.
No es para menos. Conceder el amparo a indígenas paramilitares que perpetraron la masacre en la que murieron en su mayoría mujeres y niños, incluso mujeres embarazadas a las que les arrancaron del vientre criaturas en gestación, supondría uno de los certificados de impunidad de mayor atrocidad y, en la práctica, la cancelación de las posibilidades de hacer justicia a las víctimas. El debate ha ido en ascenso, tanto para los que defienden a los paramilitares, en su mayoría de religión evangélica, como para quienes, desde el mismo día de la masacre, han levantado su voz a favor de la justicia para las víctimas. Hay un punto en común que es lo que más llama la atención: que todo el proceso estuvo viciado, desde el cerco militar en el lugar de los hechos para modificar las condiciones en que ocurrió la masacre, como para inventar la hipótesis de un conflicto intracomunitario e interreligioso, cuando, en los hechos, se preparó la masacre como parte de la guerra contrainsurgente que, desde entonces, el gobierno federal y estatal llevan a cabo contra las comunidades indígenas zapatistas.
El problema mayor que enfrentamos en México, en opinión de juristas internacionales, es si en la práctica tenemos una Suprema Corte de Justicia, o por el contrario, una Suprema Corte de Impunidad. Los antecedentes no son para menos. Por ejemplo, se le concede impunidad al "góber precioso", y con ello se autoriza la protección que los gobernadores puedan otorgar a las redes de pederastas; en el caso Oaxaca, como el de Atenco y otros, se da permiso para la represión y, en particular, para el ejercicio del terrorismo de Estado. El de Oaxaca, por ejemplo, en opinión del académico Gustavo Esteva, sobre un documento filtrado a la prensa, supuestamente elaborado por la Comisión nombrada por la Corte, está “cuajado de aberraciones jurídicas, es técnicamente ridículo, éticamente insoportable y políticamente criminal Dice Esteva: Para los jueces investigadores, los únicos culpables serían los inconformes, los insumisos, los ciudadanos que usaron primero todas las vías legales e institucionales y pasaron a la acción directa sólo cuando éstas quedaron agotadas.”
Es el México bizarro en el que los patos le tiran a las escopetas y las víctimas de las masacres, como la de Acteal, son culpables de su martirio. Por eso, nunca está por demás preguntarnos con toda seriedad si lo que tenemos en México es una Suprema Corte de Justicia o una Suprema Corte de Impunidad. Peor todavía cuando, sin consulta previa, te cierran el acceso a su casa y te obligan a entrar por la puerta de atrás.