CRÓNICA DE CAMPECHE
Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de cien hombres suyos, caracterizados por las víctimas como “parapolicías” o “sicarios”, se encargó del trabajito del señor patrón.
“¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los pobladores y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?”
La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo “¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de cuarenta años?”.
El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al Congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta la Procuraduría Federal Ambiental.
“¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras?”. Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la “transcisión democrática” para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.
“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”.
Ebulá es reconocido como población por el IFE, el Ejecutivo federal, la SEP, por el Congreso, el gobierno estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, “contratos”, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.
Leer Nota AQUI
Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de cien hombres suyos, caracterizados por las víctimas como “parapolicías” o “sicarios”, se encargó del trabajito del señor patrón.“¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los pobladores y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?”
La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo “¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de cuarenta años?”.
El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al Congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta la Procuraduría Federal Ambiental.
“¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras?”. Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la “transcisión democrática” para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.
“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”.
Ebulá es reconocido como población por el IFE, el Ejecutivo federal, la SEP, por el Congreso, el gobierno estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, “contratos”, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.