BOLETÍN DE PRENSA.-
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS
DAVID PEÑA, ABOGADO TITULAR DE SARA LÓPEZ, JOAQUÍN AGUILAR Y ELMER CASTELLANOS; PRESOS POLÍTICOS.
CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA RESISTENCIA CIVIL DE NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CANDELARIA, CAMPECHE.
Desde el pasado 10 de julio, cuando fueron detenidos arbitrariamente nuestros compañeros y compañeras, hemos declarado que su detención y posterior encarcelamiento es injusto pues nunca cometieron los delitos que les imputan ni ningún otro delito.
En la Averiguación Previa que integró la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de nuestros compañeros desde el año pasado se pueden encontrar irregularidades y deficiencias que demuestran que existe una intención clara para encarcelar a nuestros compañeros, algunas de estas irregularidades son por ejemplo, que todos los testigos ofrecidos por la CFE para declarar sobre los hechos denunciados fueron previamente aleccionados y su testimonio fue dirigido y guiado para que coincidiera con la denuncia presentada por el representante legal de la CFE, para que no se contradijeran y la denuncia pudiera prosperar, en todos los testimonios de los trabajadores de la CFE nunca se señalan a nuestros compañeros como las personas que presuntamente “privaron de su libertad” a un funcionario de la paraestatal, las acusaciones y las identificaciones fotográficas son genéricas, imprecisas y claramente dirigidas por el ministerio público de la PGR.
La supuesta investigación de los hechos realizada por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones en donde se identificó a los compañeros y a muchos más como presuntos delincuentes carece de todo rigor y fundamentación científica policial, ni siquiera los propios AFIS al ser interrogados pudieron defender sus investigaciones y declararon que “no sabían nada de protocolos de investigación ni de metodologías de investigación” por lo que sus informes son ilegales y deficientes.
Además los delitos que les imputan a los compañeros, privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a un rehén, así como obstrucción de una obra o servicio público, nunca lograron ser acreditados ni por el MP ni por el Juez Segundo de Distrito quien les dicto el Auto de Formal Prisión violando sus garantías de seguridad jurídica y de presunción de inocencia.
Jurídicamente ha quedado demostrado ante el Tribunal Unitario de Circuito, quien resolverá en los próximos días la apelación presentada, que las acusaciones contra nuestros compañeros y compañeras han sido fabricadas, que sus detenciones solo responden a motivaciones políticas de la CFE que busca amenazar a los integrantes de la Resistencia y mandar mensajes de miedo y fuerza, que técnica y jurídicamente todos ellos tienen que ser liberados incondicionalmente y con ello canceladas todas las ordenes de aprehensión liberadas contra otros 27 integrantes de la Resistencia.
Desde el pasado 10 de julio, cuando fueron detenidos arbitrariamente nuestros compañeros y compañeras, hemos declarado que su detención y posterior encarcelamiento es injusto pues nunca cometieron los delitos que les imputan ni ningún otro delito.
En la Averiguación Previa que integró la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de nuestros compañeros desde el año pasado se pueden encontrar irregularidades y deficiencias que demuestran que existe una intención clara para encarcelar a nuestros compañeros, algunas de estas irregularidades son por ejemplo, que todos los testigos ofrecidos por la CFE para declarar sobre los hechos denunciados fueron previamente aleccionados y su testimonio fue dirigido y guiado para que coincidiera con la denuncia presentada por el representante legal de la CFE, para que no se contradijeran y la denuncia pudiera prosperar, en todos los testimonios de los trabajadores de la CFE nunca se señalan a nuestros compañeros como las personas que presuntamente “privaron de su libertad” a un funcionario de la paraestatal, las acusaciones y las identificaciones fotográficas son genéricas, imprecisas y claramente dirigidas por el ministerio público de la PGR.
La supuesta investigación de los hechos realizada por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones en donde se identificó a los compañeros y a muchos más como presuntos delincuentes carece de todo rigor y fundamentación científica policial, ni siquiera los propios AFIS al ser interrogados pudieron defender sus investigaciones y declararon que “no sabían nada de protocolos de investigación ni de metodologías de investigación” por lo que sus informes son ilegales y deficientes.
Además los delitos que les imputan a los compañeros, privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a un rehén, así como obstrucción de una obra o servicio público, nunca lograron ser acreditados ni por el MP ni por el Juez Segundo de Distrito quien les dicto el Auto de Formal Prisión violando sus garantías de seguridad jurídica y de presunción de inocencia.
Jurídicamente ha quedado demostrado ante el Tribunal Unitario de Circuito, quien resolverá en los próximos días la apelación presentada, que las acusaciones contra nuestros compañeros y compañeras han sido fabricadas, que sus detenciones solo responden a motivaciones políticas de la CFE que busca amenazar a los integrantes de la Resistencia y mandar mensajes de miedo y fuerza, que técnica y jurídicamente todos ellos tienen que ser liberados incondicionalmente y con ello canceladas todas las ordenes de aprehensión liberadas contra otros 27 integrantes de la Resistencia.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS
DAVID PEÑA, ABOGADO TITULAR DE SARA LÓPEZ, JOAQUÍN AGUILAR Y ELMER CASTELLANOS; PRESOS POLÍTICOS.