Hace algunos días, Felipe Calderón afirmó que “la primera de las prioridades… para los tres largos años que faltan, es la reducción de la pobreza extrema”. Habría que recordarle que en lo que va de su sexenio más de 6 millones de mexicanos han caído en la miseria.
El titular de Sedesol, Ernesto Cordero, aceptó que en la actualidad 47.4% de la población vive con un nivel de ingreso menor a mil 900 pesos mensuales en las ciudades, y menor de mil 200 en las zonas rurales.
Sin embargo, con el cinismo que los caracteriza, Felipe se atrevió a declarar que “es hora de enderezar el rumbo social del país”. A qué le llama “enderezar el rumbo social”. ¿A dejar en el desempleo a 600 mil mexicanos tan sólo este año?, ¿a mantener intactos los privilegios de los grandes potentados y subir los impuestos al pueblo?, ¿a extinguir Luz y Fuerza del Centro (LyFC)?, ¿a la instauración de Estado fascista con la complicidad del PRI? Las distintas definiciones coinciden en llamar fascista al Estado totalitario que lo abarca todo. Al que ejerce su autoridad más allá de su competencia.
En este sentido, la desaparición inconstitucional de Luz y Fuerza del Centro es un ejemplo claro de esta pretensión. Recordemos el alarde de Javier Lozano, secretario del desempleo del gobierno de facto, respecto a que “no procederían… ni la controversia constitucional, ni los amparos para restaurar todo lo que están pidiendo; es una decisión tomada, un hecho consumado” declaró.
El pasado 24 de noviembre en la Cámara de Diputados, el PRIAN, PVEM y Panal impidieron incluso que se deliberara en torno a la controversia constitucional que se pretendía interponer contra la decisión emanada de Los Pinos para la extinción ilegal de LyFC. A través de un “arreglo parlamentario” se eliminó del orden del día, a pesar de que la propia Cámara había nombrado una comisión para analizar su procedencia.
Es decir, cuando Lozano lanzó tal sentencia —el 9 de noviembre, seis días antes de que se venciera el plazo para que la Cámara aprobara el presupuesto— ya existía la negociación en la que el PRI habría comprometido su apoyo al PAN para darle la espalda a LyFC, a los usuarios del servicio y a los trabajadores de la empresa. El acuerdo consistió en repartir a los gobernadores del PRI los 30 mil millones de pesos del presupuesto que estaban originalmente destinados para dar el servicio de energía eléctrica a la región centro del país. De tal manera que asignaron cero pesos, cero centavos a Luz y Fuerza del Centro, y se repartieron el botín.
A tres años del actual régimen, cada vez son más las voces que alertan sobre el peligro de continuar por este rumbo. El lunes pasado, el ministro Genaro Góngora Pimentel declaró que “nuestro país corre un alto riesgo social”. Lamentablemente, no se ve señal alguna de cambio en el modelo de gobierno. Al contrario, se le sigue apostando a la simulación, al endurecimiento y desmantelamiento irresponsable de la política social arrebatándole al pueblo los derechos consagrados en la Constitución.
