El Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, adherido al EZLN, aseguró que “de no liberarlos de inmediato, tomaremos carreteras por tiempo indefinido, las presidencias municipales de Tonalá y Pijijiapan y la subsecretaria de Gobierno Istmo-Costa, como protesta por nuestros presos y presas de Candelaria”.
Hermann Bellinghausen
Publicado: 15/07/2009 12:12
México DF. En el marco de la protesta nacional que los movientos contra las altas tarifas eléctricas realizan hoy en varias entidades del país, el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas dio a conocer, desde Tonalá, su apoyo a los cinco activistas detenidos en Candelaria, Campeche, cuya lucha comparte desde hace años.
El Consejo exigió al gobierno federal y al de Campeche “la liberacion inmediata de Sara López González, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja, Guadalupe Liscano y Élmer Castellanos, acusados por la CFE de manera injusta y arbitraria”. Reconoció que los activistas campechanos “desde sus tierras estan luchando al igual que nosotros por tarifas justas de luz”.
Ante la criminalización de la protesta social y el movimiento de resistencia civil de Campeche, el organismo costeño, adherente de la Otra Campaña del EZLN, advirtió que “de no liberarlos de inmediato, tomaremos carreteras por tiempo indefinido, las presidencias municipales de Tonalá y Pijijiapan y la subsecretaria de Gobierno Istmo-Costa, como protesta por nuestros presos y presas de Candelaria, y para que sepan que no están solos, que acá tienen compañeros de lucha y no vamos a descansar hasta no verlos a fuera de la carcel”.
El Consejo expuso también sus propias denuncias. Acusó a las presidencias municipales en la costa chiapaneca, la subsecretaria de Gobierno a cargo de Miguel Ángel Gordillo Vázquez y la delegación de Gobierno, representada por Mario Ramón Becerra, de hacer proselitismo, y condicionar el voto en los recientes comicios con los programas sociales, como Oportunidades.
Obligaron a la gente a votar por el canditado del PAN, asegura; de lo contrario, “ese apoyo del gobierno federal sería cancelado, según las personas encargadas de los pagos”. En asambleas de ejidos, colonias y rancherías, “la gente ha levantado la voz contra esos políticos”.
De igual forma, agrega el Consejo, “lo hicieron con el programa Chiapas Solidario, donde pusieron todo el aparato gubernamental a favor del candadidato del PAN, y dieron mijagas a la poblacion votante” (entre 200 pesos y 400 pesos).
En la costa de Chiapas, “no cumplen con su función, ni siquiera desquitan el sueldo” los funcionarios de la subsecretaria de Gobierno. El titular Gordillo Vázquez, ex presidente municipal de Tonalá y ahora diputado electo, no ha honrado sus compromisos anteriores.
El Consejo, conformado por barrios, colonias y comunidades, se reitera en resistencia civil al pago de la energía eléctrica doméstica, pública y para bombas de agua, “hasta que no haya una tarifa justa”. Asímismo, se opone al pago del agua, “porque es un derecho humano universal”.
En tanto, en San Cristóbal de las Casas, la Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón”, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, anunciaron la entrega formal de sus pronunciamientos contra la represión en Campeche, en las oficinas de la CFE en dicha ciudad.
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El Consejo exigió al gobierno federal y al de Campeche “la liberacion inmediata de Sara López González, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja, Guadalupe Liscano y Élmer Castellanos, acusados por la CFE de manera injusta y arbitraria”. Reconoció que los activistas campechanos “desde sus tierras estan luchando al igual que nosotros por tarifas justas de luz”.
Ante la criminalización de la protesta social y el movimiento de resistencia civil de Campeche, el organismo costeño, adherente de la Otra Campaña del EZLN, advirtió que “de no liberarlos de inmediato, tomaremos carreteras por tiempo indefinido, las presidencias municipales de Tonalá y Pijijiapan y la subsecretaria de Gobierno Istmo-Costa, como protesta por nuestros presos y presas de Candelaria, y para que sepan que no están solos, que acá tienen compañeros de lucha y no vamos a descansar hasta no verlos a fuera de la carcel”.
El Consejo expuso también sus propias denuncias. Acusó a las presidencias municipales en la costa chiapaneca, la subsecretaria de Gobierno a cargo de Miguel Ángel Gordillo Vázquez y la delegación de Gobierno, representada por Mario Ramón Becerra, de hacer proselitismo, y condicionar el voto en los recientes comicios con los programas sociales, como Oportunidades.
Obligaron a la gente a votar por el canditado del PAN, asegura; de lo contrario, “ese apoyo del gobierno federal sería cancelado, según las personas encargadas de los pagos”. En asambleas de ejidos, colonias y rancherías, “la gente ha levantado la voz contra esos políticos”.
De igual forma, agrega el Consejo, “lo hicieron con el programa Chiapas Solidario, donde pusieron todo el aparato gubernamental a favor del candadidato del PAN, y dieron mijagas a la poblacion votante” (entre 200 pesos y 400 pesos).
En la costa de Chiapas, “no cumplen con su función, ni siquiera desquitan el sueldo” los funcionarios de la subsecretaria de Gobierno. El titular Gordillo Vázquez, ex presidente municipal de Tonalá y ahora diputado electo, no ha honrado sus compromisos anteriores.
El Consejo, conformado por barrios, colonias y comunidades, se reitera en resistencia civil al pago de la energía eléctrica doméstica, pública y para bombas de agua, “hasta que no haya una tarifa justa”. Asímismo, se opone al pago del agua, “porque es un derecho humano universal”.
En tanto, en San Cristóbal de las Casas, la Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón”, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, anunciaron la entrega formal de sus pronunciamientos contra la represión en Campeche, en las oficinas de la CFE en dicha ciudad.